El teniente Segura encadena cinco meses de arresto desde julio

El teniente Luis Gonzalo Segura de Oro-Pulido, autor del libro Un paso al frente,en el que novela una trama de corrupción, abusos de poder y tráfico de influencias en el Ejército, encadena cinco meses de arresto desde que, en julio pasado, ingresara por vez primera en el centro disciplinario militar de base San Pedro, en Colmenar Viejo (Madrid).

Tanto por el contenido de su libro —que va por la octava edición, con más de 30.000 ejemplares vendidos— como, sobre todo, por las declaraciones a medios de comunicación para promocionarlo, el teniente ha sufrido un arresto de dos meses el pasado verano —cuya mayor parte cumplió en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid, en huelga de hambre—, otro de un mes con carácter preventivo en noviembre —por no presentarse a dos citaciones en los múltiples expedientes que tiene abiertos— y otro de dos meses, que empezó a cumplir el pasado jueves.

El militar dijo que desobedecería la orden de intervenir en Cataluña

De todas las sanciones, la última es la más controvertida ya que, entre las declaraciones por las que ha sido castigado —que incluyen una reiteración de sus denuncias sobre supuestos comportamientos mafiosos en los cuarteles, derroche de dinero público o impunidad y falta de fiscalización—, una de ellas alude a una hipotética intervención militar en Cataluña. “Si a mí mañana me dicen que coja una sección y entre en Cataluña, les diré hasta aquí hemos llegado y si me quieren fusilar que me fusilen, pero no voy... y creo que es lo que tienen muy claro la mayor parte de los militares”, declaró el pasado 3 de octubre a la página web Cuarto Poder.

Pero lo que suscita más dudas jurídicas es que la sanción que se le ha impuesto, por una falta disciplinaria grave consistente en “hacer manifestaciones contrarias a la disciplina [...] a través de los medios de comunicación social”, es de dos meses de arresto, la más larga prevista en el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas de 1998.

Sin embargo, el pasado 5 de diciembre se publicó en el BOE el nuevo código disciplinario, que deroga el anterior, y que limita a 30 días el tiempo máximo de arresto. La propia ley incluye una disposición transitoria que determina que se revisarán de oficio las sanciones no cumplidas, cuando la aplicación de la nueva ley resulte más favorable, y que los que hayan sido castigados a más de un mes de arresto con arreglo al anterior código quedarán inmediatamente libertad al cumplir los 30 días.

El problema es que la nueva ley prevé una moratoria de tres meses para su entrada en vigor y en ella se ha basado el instructor del expediente. “Si bien resulta indiscutible que las normas penales devienen de aplicación retroactiva en los casos en que resulten más beneficiosas para el reo, [la] condición indispensable para que este efecto se despliegue es que la norma haya entrado en vigor, sin que lógicamente durante el periodo de vacatio legis pueda ser aplicada de forma directa respecto a los comportamientos producidos después de su publicación ni tampoco con anterioridad”.

Es decir, el nuevo código disciplinario no se aplicará hasta el 5 de marzo, solo 10 días antes de que el teniente Segura haya cumplido sus dos meses de arresto. Su abogado ha anunciado que presentará recurso e incluso se estudia plantear un habeas corpus, por considerar que su detención, a partir del 5 de febrero sería ilegal. Si no tiene éxito, su cliente tendrá que cumplir 140 días privado de libertad.