La nueva fiscal general del Estado, buena jurista y opuesta al aborto

En 2004, Cándido Conde-Pumpido era magistrado del Tribunal Supremo y le tocó participar como tal en la revisión de la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga sobre la privatización de la empresa textil Intelhorce. Escuchó a una fiscal defender brillantemente el recurso en el alto tribunal hasta conseguir que se elevaran las penas y se condenaran a alguno de los absueltos antes, incluyendo a alguno de los cargos públicos inicialmente procesados. Se quedó con el nombre de Consuelo Madrigal Martínez-Pereda por su capacidad técnica y cuando fue designado fiscal general del Estado la designó fiscal coordinadora de menores.

Desde entonces, Madrigal (Segovia, 1956) coordina a más de 200 fiscales y, además, su especialidad es la única que instruye los procesos, lo que exige mayor capacidad técnica.

Casada con un magistrado y familia de juristas, la próxima fiscal general se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1978 con calificación de sobresaliente. Sus compañeros la definen como sensata, con sentido común, reflexiva y buena jurista. Es de perfil conservador. En 2008 firmó un manifiesto de “Mujeres contra el aborto”, en el que se expresaba la “indignación por los hechos que suceden en las clínicas acreditadas en España para la práctica del aborto, cuya difusión nos ha conmocionado, y proponer una serie de medidas que permitan superar esa forma de violencia contra la mujer que es el aborto incontrolado que existe de hecho en nuestro país”.

Añadía que “la percepción errónea del aborto como un derecho garantizado por los poderes públicos (y no como un ilícito penal), el fraude generalizado en su práctica y la falta de información sobre riesgos y alternativas, hace que el número de abortos crezca año tras año”.

Lleva en la carrera fiscal desde 1980 con el número tres de su promoción. Su primer destino fue en la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, donde ejerció de enero de 1981 a noviembre de 1982; pasó a teniente fiscal de Palencia hasta mayo de 1984; y en la Fiscalía de Madrid hasta 1990. Hasta 1993, estuvo en el Tribunal de Cuentas, de donde pasó a la Fiscalía del Tribunal Supremo.