El fiscal que encarceló a Bárcenas pese al Gobierno tira la toalla

Eduardo Torres Dulce (Madrid, 1950), hijo de magistrado, experto en Derecho Penal y fiscal de carrera –ocupó cargos en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional antes de acceder a la Fiscalía General del Estado- ha dejado voluntariamente la jefatura del ministerio público, un cargo estratégico para cualquier Gobierno en el que se ha desenvuelto durante los últimos tres años con más autonomía de la que hubiera deseado el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Cansado de las críticas con sordina de quienes le nombraron, molestos por su actuación en el caso Bárcenas, y lastrado por algún problema personal que le angustiaba, ha tirado la toalla más tarde de lo previsto.

“A raíz de la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia, Torres-Dulce contó a algunos allegados que abandonaría el cargo, pero se quedó unos meses por responsabilidad ante el problema catalán”, explican personas que han hablado con el fiscal general en los últimos meses.

Su hoja de servicios al frente de la Fiscalía General del Estado apenas encuentra motivos de satisfacción para el Gobierno del PP. En las decisiones más delicadas por su alcance político, Torres-Dulce dejó hacer a sus subordinados. Apenas se le recuerdan dos órdenes que torcieran la voluntad y el criterio de los fiscales encargados de los distintos casos. En el caso Faisan del chivatazo policial a la red de extorsión de ETA, Torres-Dulce obligó al fiscal del caso a presentar un escrito acusando a los dos agentes imputados por colaboración con banda armada y no solo por revelación de secretos. La sentencia, confirmada por el Supremo, condenó a los dos policías por revelación de secretos y les exculpó del delito de colaboración con banda armada.

En el caso de la consulta ilegal del 9-N, Torres-Dulce estaba convencido desde el primer momento de la necesidad de actuar contra el Gobierno catalán, pero las dudas iniciales del Ejecutivo central le dejaron en una posición incómoda.

Después, el equipo de Mariano Rajoy se sumó a la tesis de la querella y anticipó la decisión de la fiscalía contra el Ejecutivo de Artur Mas, lo que situó a Torres-Dulce como una marioneta al servicio del Ejecutivo. Cuando los fiscales catalanes se negaron a la presentación de la querella, el fiscal general tuvo que imponer su posición jerárquica para llevarla adelante con un coste personal muy elevado.

Su desencuentro principal con el Gobierno llegó el 27 de junio de 2013, cuando el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, acudió a declarar ante el juez Pablo Ruz. El Ejecutivo estaba muy preocupado ante la posibilidad de que el ex tesorero, guardián de secretos demoledores para el futuro del PP, acabara en prisión.

En la vistilla posterior a la declaración de Bárcenas, el juez pidió opinión a las partes para tomar una decisión. La acusación popular de ADADE solicitó prisión provisional eludible bajo fianza, algo que entraba dentro de lo previsto. Cuando Ruz dio la palabra al ministerio fiscal, todos los presentes se mostraron sorprendidos ante la dureza de la propuesta: apoyaba la medida de prisión provisional, pero sin fianza. El juez Pablo Ruz asumió la petición fiscal y Bárcenas fue encarcelado.

“Torres-Dulce no sufrió entonces la presión del Ejecutivo porque el ministro de Justicia no le trasladó esas presiones en ningún momento”, explican fuentes próximas a la Fiscalía. “Pero desde que Bárcenas entró en prisión gracias al impulso de la Fiscalía, Torres-Dulce ha sido muy criticado por distintos miembros del Gobierno en círculos privados. Y él ha sido muy consciente de esta circunstancia”.

Las fiscales que intervienen en el caso Gürtel mantienen firme su criterio contra dirigentes del PP y contra el propio partido del Gobierno. Son una parte activa en una investigación que cada día socava más la imagen del Partido Popular.

En el caso Nóos, Torres-Dulce “no movió un dedo para salvar a la infanta, como mantiene mucha gente. Tan solo apoyó el criterio que el fiscal Horrach defendió desde el primer momento contra la imputación de la hija del Rey Juan Carlos”, señalan fiscales conocedores del procedimiento.

En la Operación Púnica contra una extensa trama de corrupción instalada en administraciones gobernadas por el PP, la Fiscalía Anticorrupción fue determinante en la investigación secreta abierta al ex senador Francisco Granados. Pero el Gobierno no conoció los detalles de esa operación anticorrupción hasta el momento en que se estaban produciendo las detenciones.

Las discrepancias de la Fiscalía General del Estado con el ministerio de Justicia han sido numerosas durante el mandato de Torres-Dulce. Los informes del Consejo Fiscal contra leyes estratégicas impulsadas por el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón han sido en muchos casos demoledores. “Pero Torres-Dulce mantenía una relación inmejorable con Ruiz-Gallardón, no así con el secretario de Estado de Justicia, que tomaba decisiones que le disgustaban”, señalan distintas fuentes.