El Supremo pospone la decisión sobre la acumulación de penas de los etarras

Tras más de cinco horas de debate, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dejado este martes sin resolver si los etarras pueden descontarse de sus penas de prisión en España el tiempo que hayan pasado encarcelados en otros países de la Unión Europea.

Los 15 magistrados que componen el pleno de la Sala de lo Penal han debatido en sesión de mañana y de tarde sobre el recurso presentado por el etarra Kepa Pikabea contra la negativa de la Audiencia Nacional a que pueda descontarse los años de pena cumplidos en Francia, lo que le permitiría abandonar ya la prisión. El Supremo pretendía que este caso sirviera para fijar un criterio único sobre las peticiones presentadas por otros miembros de ETA para beneficiarse de la acumulación de condenas, pero el pleno de la Sala de lo Penal ni siquiera llegó a resolver ayer el caso concreto de Pikabea.

Los jueces acordaron pedirle al fiscal y a los abogados del etarra su opinión sobre cómo afecta a este caso la Ley que entró en vigor el pasado 3 de diciembre y que impone restricciones temporales al acuerdo marco aprobado en 2008 por el Consejo de Europa, que permite a los delincuentes descontarse en España las penas cumplidas en otros países de la UE. La Sala de lo Penal esperará la respuesta de la Fiscalía y de la defensa del preso y se reunirá de nuevo el 13 de enero para resolver el recurso.

Pero no está claro si la respuesta a este caso concreto servirá de doctrina para todos los demás, entre ellos los de históricos miembros de ETA como Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, y Alberto Plazaola, excarcelados recientemente después de que la Sección Primera de la Audiencia Nacional decidiera aplicarles el acuerdo europeo.

La Fiscalía ha anunciado que recurrirá estas excarcelaciones, que discrepan de la decisión adoptada en otra sección distinta de la Audiencia, la Segunda, que ha denegado al etarra Iñaki Bilbao Beaskoetxea, Iñaki de Lemona, beneficiarse de la acumulación de penas. La intención del Supremo era acabar ayer con estas discrepancias a partir del caso de Pikabea. Así se hizo público desde el alto tribunal, coincidiendo, además, con las críticas del Gobierno a las excarcelaciones dictadas por la Audiencia.

Pero en los últimos días han sido varios los magistrados de la Sala de lo Penal que en privado lamentaban las presiones del Gobierno y reclamaban que la decisión definitiva sobre la acumulación de condenas no se tomara con prisas. Los jueces de este sector abogaban por que, tal y como finalmente ha ocurrido, el pleno de ayer se centrara exclusivamente en el caso del etarra Pikabea. Según estos jueces, es preferible posponer la unificación de doctrina hasta que, al menos, el fiscal haya presentado su anunciado recurso contra las excarcelaciones de Santi Potros y de Alberto Plazaola. El 13 de enero, la fecha prevista para el próximo pleno, los magistrados ya tendrán previsiblemente sobre la mesa esa documentación, además de la que ayer acordaron pedir al fiscal y a los abogados de Pikabea.

Según fuentes del Supremo, varios magistrados defendieron este martes que el recurso presentado por los abogados de Pikabea no puede resolverse aplicando con efecto retroactivo una ley, la española que desarrolla el acuerdo europeo, que ni siquiera existía cuando este preso de ETA recurrió la decisión de la Audiencia de mantenerle en prisión.

La retroactividad de la norma es una de las claves sobre las que tiene que decidir el Supremo, que debe dictaminar también si la norma española, que solo aplica la acumulación de penas a las condenas posteriores al 15 de agosto de 2010, puede prevalecer sobre el acuerdo europeo, que no impone esta restricción. Algunos magistrados hicieron ver que el Gobierno incorporó a última hora en el Senado ese límite a la ley después de que el Supremo se pronunciara en marzo a favor de descontar las condenas cumplidas en Francia al etarra Urrusolo.