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La Infanta paga los 587.000 euros que pidió el fiscal por responsabilidad civil

El dinero se ha depositado en la cuenta judicial, según el alto tribunal de Baleares

La infanta Cristina, el día que se recibieron los escritos de calificación fiscal.

La Infanta Cristina de Borbón ha depositado en las arcas de los juzgados de Palma los casi 600.000 euros (587.413,585 euros) que el fiscal Pedro Horrach le exige por su supuesta responsabilidad civil como beneficiaria de los delitos fiscales que se le atribuyen a su marido, Iñaki Urdangarin. El dinero ha quedado depositado en la cuenta judicial, según el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB). La fórmula utilizada para este pago ha sido la entrega de pólizas contratadas hace ya tiempo.

Al asumir esta responsabilidad económica, los abogados de la Infanta pretenden dos cosas en el proceso: que Cristina de Borbón no sea parte en la vista, por la exigencia de la indemnización; ni testigo, como le reclama el fiscal. La defensa parte de la hipótesis de que Cristina de Borbón no será finalmente imputada, como pretende la acusación popular, el sindicato Manos Limpias.

La cantidad es lo solicitado por el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach en su escrito de acusación, como beneficiaria a título lucrativo. Se trata de la mitad de los fondos que, según Horrach, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, propiedad de la infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin, al 50%, y que destinaron a pagar gastos personales.

El fiscal Horrach considera que Cristina de Borbón, a pesar de desconocer el origen ilícito de parte de los fondos de los que se nutría Aizoon, "se benefició" porque su esposo los destinó a abonar servicios y suministros de tipo personal o familiar.

Para reclamar la fianza, el fiscal se ampara en el artículo 122 del Código Penal, que establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.

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