Los jueces alertan que limitar el plazo para investigar ayuda a los corruptos

Los jueces que llevan algunas de las investigaciones más sensibles de España creen que la intención del Gobierno de limitar a un máximo de 18 meses la investigación de causas judiciales de especial complejidad supone abrir una puerta a la impunidad. El juez Santiago Pedraz, decano de los instructores de la Audiencia Nacional, considera que “no es posible en las causas complejas llevar a cabo, ni aún siquiera con la posible prórroga de 18 meses más, la instrucción oportuna”. Su compañero Eloy Velasco va más lejos y sostiene que “poner plazo a la instrucción parece una trampa revestida de garantías, que va a llevar a la impunidad, sobre todo a la hora de investigar estructuras organizadas como las mafias o las bandas criminales”. Sus voces se unen a las de las asociaciones judiciales, que recelan de este aspecto de la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Ejecutivo.

Velasco asegura a EL PAÍS que, con el volumen de trabajo que padece actualmente la Audiencia Nacional, “resultará imposible cumplir con los plazos que propone el Gobierno”. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 recuerda que la investigación judicial es “algo vivo” y difícil de acotar en el tiempo. “Un testigo te lleva a otro; un imputado te revela vías nuevas de investigación; en cierto modo, la instrucción judicial a veces es imprevisible. ¿Quién puede decidir que en 18 meses está concluida? Ese camino es perverso y puede llevarnos al territorio de la impunidad, donde no habitan los ladrones de coches sino los delincuentes de guante blanco”, afirma.

Para agilizar las investigaciones de especial complejidad, Velasco, adscrito a la Asociación Profesional de la Magistratura, de carácter conservador, propone que los jueces tengan dedicación “plena y exclusiva” a estas causas hasta su conclusión. “Actualmente tramitamos varias órdenes europeas de detención al día y llevamos centenares de causas a la vez”, afirma. Con la exclusividad, argumenta, se lograrían dos efectos. “Se salvaguardaría el proceso, evitando dilaciones indebidas, y los jueces tendríamos tiempo para formarnos y estudiar”.

Para acortar los plazos, Velasco habla de la necesidad de asignar jueces de apoyo en los órganos judiciales donde recaen las causas más voluminosas y de “suprimir algunos recursos y triquiñuelas que utilizan las partes y que se podrían retrasar a una comparecencia en el momento previo del juicio”.

Por su parte, Pedraz, a quien se atribuye un carácter progresista aunque no está asociado, recuerda que “cualquier juez es el primer interesado en una rápida tramitación de la instrucción”, pero estima que 18 meses es un plazo demasiado corto. “Ya no por una cuestión de medios, en todo caso más que necesarios, sino por los problemas que se dan en materia de obtención y análisis de la información. Cualquier causa compleja supone que tras su incoación se obtenga la pertinente documentación que ha de servir de base para acreditar en su caso el delito, pues no bastan solo las declaraciones de imputados y testigos, que en general se practican en poco tiempo”.

Pedraz relata la dificultad de recabar toda la información del sumario. “Este tipo de macrocausas suele requerir intervenciones telefónicas (que, como mínimo, exigen un periodo de seis meses). Tras ellas se acuerdan entradas y registros para obtener más documentación. Una vez se dispone de esa documentación, esta debe ser analizada por los técnicos-peritos oportunos”.

Aquí surge el primer problema: “La elección del perito, que normalmente serán dos funcionarios (Agencia Tributaria, Intervención General de Estado, Banco de España, etcétera), que ya supone una dilación”. Estos técnicos a continuación deben examinar la documentación y en casos solicitar más (de entidades financieras, administraciones públicas, etcétera). “En no pocas ocasiones hay que acudir al auxilio judicial internacional (comisiones rogatorias), por lo que dependerá del país requerido la cumplimentación de la solicitud de ayuda, por lo que se sigue otra obvia dilación en la tramitación de la causa”, describe.

“Una vez obtenido el correspondiente informe pericial, el mismo debe ser ratificado a presencia judicial con la intervención de las partes, pudiendo dar lugar (en aras al derecho de defensa) a requerir una ampliación del mismo, o bien las partes presentar un contrainforme pericial. Tras la práctica de estas diligencias podrá adoptarse la resolución oportuna a fin de cerrar la instrucción”, termina el decano de los instructores de la Audiencia Nacional.

Pedraz sugiere mecanismos para agilizar la obtención de esta documentación, como exigir respuestas más rápidas a las entidades que tienen que facilitar la información al juzgado o fórmulas para que los peritos sean designados de inmediato y se centren en exclusiva en los informes solicitados por el juez instructor. También aboga por reforzar la cooperación jurídica internacional, aunque se muestra escéptico, “a la vista de la existencia de paraísos fiscales y de otros países poco colaboradores”.

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y de la Audiencia Provincial de Barcelona, Pablo Llarena, considera que la limitación genérica del tiempo de instrucción es una “opción positiva en términos de calidad democrática”, ya que, afirma, “siempre se ha considerado necesario que un ciudadano no esté sometido a investigación profunda e injerente por tiempo indefinido”. Sin embargo, tampoco ve suficiente el plazo de 18 meses que propone el Gobierno. “Hay que ser muy consciente de que el proceso penal no se debe terminar pronto, sino bien [...]. Hacer una transferencia bancaria dura segundos pero acreditarla documentalmente a través de paraísos fiscales no es fácil, lleva su tiempo”, afirma.

Llarena no ve “razonable” que la prórroga extraordinaria del plazo de 18 meses solo pueda hacerse si lo pide el fiscal. “El interés en que la investigación pueda abarcar más espacio la puede tener también la defensa del imputado para que se pueda recabar material de descargo. Así se puede vulnerar el principio de igualdad de armas del proceso penal”, sostiene el magistrado.

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, organización progresista, Joaquín Bosch, declaró que fijar un plazo límite para instruir sin actuar sobre las causas que ralentizan la investigación “es una medida de mera propaganda, que puede provocar sobreseimientos y cierres en falso de las instrucciones”.