Plantes en la fiesta de la Constitución

El aniversario de la Constitución estuvo marcado ayer también por algunas ausencias y plantes que reflejan las diferencias políticas sobre la necesidad de su reforma. Izquierda Unida y las formaciones nacionalistas contribuyeron a convertir la recepción en el Congreso de los Diputados en una celebración únicamente del bipartidismo. Por otro lado, solo acudieron cuatro presidentes autonómicos, todos ellos del PP, a una ceremonia quizá más deslucida que en otras ocasiones.

IU, tercera fuerza nacional, CiU, PNV, ERC, Amaiur y BNG rechazaron participar en el acto por su disconformidad con los términos del actual debate sobre la reforma de la Ley Fundamental y por la postura del Gobierno ante la cuestión territorial. Cayo Lara explicó sus argumentos, como suele hacer desde hace años, en el patio de la Cámara baja. El líder de IU, defensor del pacto de 1978 aunque partidario de una revisión a fondo del texto constitucional, calificó de “hipócritas” a PP y PSOE. “Incumplir la Constitución significa generar violencia, y reformarla en beneficio de unos pocos significa crear dramas sociales en el país”, mantuvo en referencia a la reforma del artículo 135 pactado por los dos principales partidos en 2011 para consagrar el principio de estabilidad presupuestaria. "Habría que modificar prácticamente todos los títulos de la actual Carta Magna, no hay ni uno solo que no haya que tocar. En estos 36 años España ha cambiado mucho y la actual Constitución está agotada. Por ello hay que ir hacia un proceso constituyente en el que se abra un debate profundo sobre la reforma constitucional, abrir un proceso mucho más amplio en el que toda la sociedad y sus diferentes actores aporten y reflexionen, pero no solo sobre un nuevo texto, sino sobre un nuevo modelo de país que recoja la transformación social, política y económica que se ha producido en nuestro país", razonó Lara en declaraciones a EL PAÍS.

Para CiU y ERC, que no plantean una revisión del texto, la cuestión consiste ahora en una elaboración de una Constitución catalana propia. El PNV, en cambio, reclama “el reconocimiento de una pluralidad de naciones en el seno del Estado español” y del derecho de Euskadi a decidir. "La parte dogmática, la que recoge derechos y libertades, ha demostrado estar razonablemente construida. Pero la orgánica, la que fija el esquema institucional, que no se quiso abordar en 1977 y 78, es preciso modificarla", señala Aitor Esteban, que también defiende la necesidad de "repensar el Tribunal Constitucional como árbitro de las diferencias en cuanto a la aplicación de la legislación". "Otros ámbitos a reformar por ejemplo son las reticencias actuales a los instrumentos de democracia directa o la falta de adecuación del poder judicial a una estructura institucional no unitaria", agrega el portavoz parlamentario del PNV.

Fundamentalmente por esta razón no acudieron a la Cámara baja ni Artur Mas, presidente de la Generalitat, ni el lehendakari, Iñigo Urkullu. Pero este año las ausencias de los presidentes autonómicos marcaron un récord, puesto que en 2013 asistieron cinco barones regionales. Ayer solo estuvieron el gallego Alberto Núñez Feijóo, la aragonesa Luisa Fernanda Rudi, el valenciano Alberto Fabra y el murciano Alberto Garre. El resto de los mandatarios autonómicos alegó razones de agenda y esgrimió dificultades para participar en distintos actos en sus respectivas comunidades y en Madrid. Los cinco eurodiputados de Podemos, invitados a la recepción, también plantaron al Congreso. Pablo Iglesias dijo ayer en su cuenta de Twitter: "Toca abrir puertas y ventanas para hablar de la Constitución, necesitamos nuevas reglas de juego para un nuevo tiempo".

UPyD fue quizá la formación que lamentó más esta circunstancia. “Querría llamar la atención y lamentar tantas ausencias de portavoces parlamentarios y de presidentes autonómicos, porque deberían recordar que ellos prometieron y juraron esa Constitución, que da legitimidad y autoridad a sus puestos”, señaló al término del acto el portavoz económico del partido. Su líder, Rosa Díez, tampoco acudió al Congreso, pero lo hizo para participar en un acto en Barcelona, desde donde llamó a la defensa de la unidad de España y del “espíritu de los constituyentes”. La formación magenta propone reformar la Constitución "para cerrar la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y los entes locales, de manera que el Estado asuma una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias claves para el interés general de todos los españoles y de su derecho a la igualdad, a la cohesión social y a la libertad". Para ello, por ejemplo, defiende un cambio del Título VIII de la Ley Fundamental para "fijar una lista de las competencias de cada entidad territorial" y una modificación del artículo 2CE del Título preliminar para sustituir "nacionalidades y regiones" por "comunidades y ciudades autónomas".