Fue posible en peores momentos

Hasta hace pocos años existió un consenso informal sobre la Constitución como un sólido corpus político al margen de los vaivenes partidistas. Todo eso cambió en el verano de 2011 cuando el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presionado por el Banco Central Europeo (BCE), llamó a Mariano Rajoy para proponerle el sacrificio de la estabilidad constitucional en el altar de los mercados y de la salvación del euro. Fue el episodio del artículo 135, rehecho en un mes sin siquiera un referéndum.

Caído el mito de la Constitución como unas tablas de la ley prácticamente inamovibles, se redoblan las propuestas de nuevos cambios. La ciudadanía ya ha aprendido que es posible cambiar la Constitución en poco tiempo si hay voluntad política para ello, pero Rajoy y otras voces del partido gobernante recurren a la idea de que el consenso tiene que venir antes que la reforma en sí. Tampoco es raro escuchar que la polarización es mayor que nunca.

Es verdad que del entusiasmo de la Transición por la consolidación de las libertades se ha pasado a un nivel de desencanto profundo con el sistema político. Pero los escenarios para una reforma no son peores que aquellos en los que se elaboró la Constitución desde cero. En la breve legislatura 1977/1978 lo hicieron unos partidos organizados a partir de sectores supervivientes al régimen dictatorial, algunos de ellos con protagonistas o herederos políticos de los que se habían matado entre sí en la guerra civil. El miedo a repetir los enfrentamientos civiles era mayor del que existe hoy a una implosión de los principales partidos. El terrorismo mataba a mansalva. Y las condiciones económicas y sociales del país también eran diferentes: una inflación del 19,8%, con menos paro que el actual, cierto, pero con una renta per cápita anual que no alcanzaba ni la de un trimestre del presente.

En principio, sería mejor revisar la Constitución en tiempos de cierta serenidad, antes que bajo los efectos destructivos de seis años de crisis económica y política. Sin embargo, las grietas del edificio institucional no se van a arreglar por sí solas. Si el partido gobernante se encierra en que revisar la Constitución es más peligroso que no hacerlo; si Podemos insiste, por el contrario, en abrir todo un proceso constituyente; y si las terceras vías terminan quedándose en tierra de nadie, existe el riesgo de que se acentúe la tendencia a llevar a cabo prácticas políticas en paralelo o al margen de la Constitución, como si fuera un papel que se puede ignorar. ¿Qué fuerza política sensata puede permitirse ese horizonte?