El Arzobispado de Zaragoza investiga un posible caso de acoso

El Arzobispado de Zaragoza ha abierto una investigación para determinar qué ocurrió entre el párroco de Épila (4.734 habitantes), Miguel Ángel Barco, y el que fue su diácono durante más de dos años, Daniel Peruga. En los últimos días ha trascendido que el papa Francisco urgió a renunciar al arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña Pastor, que va a cumplir 70 años, por esconder un supuesto caso de acoso. El arzobispo autorizó un pago de 60.000 euros netos al diácono, al que se le denegó la ordenación como sacerdote.

“Yo no he acosado al diácono”, explicaba ayer por la tarde el párroco Miguel Ángel Barco ante los medios de comunicación tras dar la catequesis a un grupo de adolescentes. Barco presentó el miércoles una denuncia por injurias y calumnias contra Peruga en la Guardia Civil, que aún tiene que formalizar en los juzgados. Se basa en las informaciones “aparecidas en prensa” en las que asegura que el diácono le acusa “de varias cosas, ayer [por el miércoles] de acoso y hoy de abuso sexual”. “Él a mí directamente no me lo ha dicho nunca”, matizó el religioso barcelonés de 47 años.

El caso lo destapó el semanario Vida Nueva, que afirmó que detrás de las presiones del Vaticano para que el obispo dimitiera había “escándalos sexuales” que se habían intentado tapar. El párroco implicado había trabajado durante varios años con Ureña.

A los vecinos de Épila les extrañó que el diácono, natural de Monzón y de 27 años, se marchara del pueblo casi sin despedirse hace más de siete meses. “Es un chaval muy simpático y muy majete que se lleva muy bien con los chicos del instituto. Solo se despidió de los niños de la catequesis”, comentaba por la mañana una vecina en uno de los bares de la localidad.

El joven ha recibido 60.000 euros como indemnización

Cinco asiduas de la parroquia conversaban en la mesa de al lado pasado el mediodía. Aseguraban que la noticia fue “toda una sorpresa” en el municipio, cuyas casas van cayendo por las laderas de un monte, y que está dividido entre el recuerdo del joven y el cariño por el párroco, que lleva la iglesia del pueblo con mucha dedicación.

El comunicado del arzobispado, emitido ayer a media mañana, reconocía que se abonaron 60.000 euros al diácono y reiteraba que la dimisión del anterior arzobispo, Manuel Ureña, fue “por motivos de salud”. Este escrito, firmado por el administrador diocesano Manuel Amor, fue la primera reacción de la Iglesia ante este caso.

Días antes, varios medios habían difundido que detrás de esa indemnización había un intento de callar las denuncias del diácono. El obispo “ha sido demasiado bueno dando esa cantidad toda a la vez”, aseguraba ayer el cura, que señaló que el diácono había pedido que se le pagara la ayuda concedida para facilitar su futuro de una sola vez porque quería iniciar unos estudios “en el extranjero”.

Barco negó tajante que se tratara de un soborno. “¿Se calla algo dando orden al ecónomo diocesano para que haga la correspondiente transferencia de cuenta a cuenta y abiertamente?”, dijo.

El sacerdote lleva seis años oficiando misa en la iglesia de Santa María la Mayor, situada en lo alto del pueblo. El templo, de ladrillo y mármol, colinda con la casa parroquial gris de dos plantas, situada en el número 1 de la calle del Santo, en las que convivieron ambos durante más de dos años. Barco considera que el diácono, con el que dice no hablar desde octubre, le calumnió por un motivo concreto: “Piensa que he sido parte vinculante en que se haya detenido su proceso” para llegar a ser sacerdote. ¿Fue así? “He sido un mero perito”, añadió.

Su abogado afirma que fue apartado por su “inclinación homosexual”

“Informé a mi superior como un técnico de una ITV”, explicaba por la tarde Barco con términos asépticos. No quiso aclarar el contenido de los escritos sobre su pupilo enviados al arzobispado.

Su representante, el abogado Fernando Valero, había dado horas antes a EL PAÍS una versión más detallada. Aseguró que el diácono fue apartado de su carrera religiosa por “tener una inclinación homosexual” y “una patología psiquiátrica en tratamiento”, dos extremos sobre los que su representado no quiso hacer alusiones. El abogado también indicó que el sacerdote había recibido “quejas y denuncias de jóvenes de otros pueblos” por la “actitud sexual respecto a ellos” del diácono. Barco señaló después que se trata de quejas de vecinos de Monzón “que recibió el Obispado”.

Este periódico contactó ayer con Daniel Peruga y le solicitó de forma insistente pero sin éxito su versión de los hechos.

Mientras se dilucida lo ocurrido, un grupo de vecinos y un partido político local han convocado manifestaciones para pedir que el cura sea apartado de su tarea religiosa. Barco no ha sido suspendido del cargo. “No hay ninguna denuncia contra mí”, explicaba en un aula de la Casa de Cultura, con una rebeca gris y un alzacuellos, mientras unas feligresas le esperaban para llevarlo a la misa de las siete. “Si los padres me pidieran explícitamente que me sustituya un catequista, agacharé la cabeza”, concluyó antes de irse. “Todo porque siga la parroquia perfectamente bien”.