Ruz da al PP el mismo trato que tuvo Unió en Pallerols o la Infanta en Nóos

Tras 14 años de instrucción judicial, un tribunal condenó a Unió Democrática de Catalunya (socio de Convergéncia en el Gobierno catalán) a pagar 388.000 euros como responsable civil subsidiario a título lucrativo de las subvenciones a formación de parados que desviaron las academias Pallerols para pagar mobiliario de la sede de la formación política y algunas nóminas de sus empleados. Al conocer la sentencia, la clase política exigió la dimisión del líder de Unió, Josep Antoni Durán Lleida, debido a que su partido había sido condenado por financiación ilegal. Durán sostuvo que Unió ignoró en todo momento que el dinero recibido procedía del desvío ilegal de subvenciones para formar a parados. La infanta Cristina de Borbón se enfrenta al pago de 500.000 euros porque el juez y el fiscal del caso Nóos consideran que se benefició de los negocios ilícitos de su marido, Iñaki Urdangarín, y tiene que hacer frente al pago de esa cantidad como responsable civil subsidiaria a título lucrativo. El PP se encuentra ahora en una tesitura semejante a la que sufrió Unió en 2013 y a la que amenaza a la infanta.

El juez Pablo Ruz, dos fiscales anticorrupción y los tres magistrados de la sección cuarta de la Audiencia Nacional, consideran que hay indicios suficientes en la investigación del caso Gürtel de que el PP se benefició de los manejos corruptos de una trama empresarial, dirigida por Francisco Correa, que hacía regalos a cargos públicos del PP a cambio de adjudicación de contratos previo amaño de los mismos. Entre esos regalos se encontraba la organización de actos electorales del PP.

La trama Gürtel no era una trama contra el PP, como sostuvieron sus principales dirigentes cuando estalló el escándalo en 2009, sino una trama que benefició al PP, según las conclusiones de jueces y fiscales que han investigado el caso durante cinco años.

Avalado por las resoluciones de los tres magistrados de la sección cuarta de la Audiencia que han desestimado los recursos de los imputados, el magistrado Pablo Ruz prepara estos días la transformación de las diligencias previas abiertas por Baltasar Garzón en agosto de 2008 por el caso Gürtel en procedimiento abreviado. Es el último paso para abrir el juicio oral a la fase 1 de la causa, que sólo alcanza a hechos ocurridos entre 1999 y 2005 aunque la trama corrupta siguió delinquiendo hasta que fue desarticulada en febrero de 2009. El juicio oral sentará a 45 personas en el banquillo de los acusados en una macrocausa contra la corrupción que ha puesto al PP bajo sospecha.

Se atribuye al PP haberse beneficiado de actos electorales que la trama corrupta organizó en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda por 233.000 euros

Entre los imputados están el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, cinco alcaldes de esta formación en la Comunidad de Madrid, y un ex consejero que fue estrecho colaborador de Esperanza Aguirre. Un proceso a los manejos de cargos del PP situados en instituciones estratégicas o en puestos clave de la formación conservadora.

Ruz mantiene imputadas por el caso Gürtel a cerca de 200 personas de las que sólo 45 serán juzgadas ahora, y continúa la investigación con algunas comisiones rogatorias todavía pendientes de respuesta. Ha decidido trocear la causa para poder avanzar en su resolución judicial en una pieza separada que afecta a la primera etapa de la actividad de la trama corrupta. El magistrado tiene los meses contados en su juzgado, donde trabaja de manera interina desde hace cuatro años tras sustituir a Garzón, expulsado de la carrera por prevaricación al ordenar escuchas en la cárcel de los abogados con sus clientes. El Consejo General del Poder Judicial deberá decidir si saca ahora a concurso la plaza del juzgado, en cuyo caso Ruz debería dejar el trabajo en enero, o esperar a junio, cuando concluye el periodo máximo que se puede prorrogar su estancia interina en la Audiencia.

El partido puede ser llamado a responder civilmente del daño causado al haberse beneficiado del mismo

Aunque la trama empresarial que dirigía Francisco Correa creció a la sombra del PP nacional, donde hizo sus primeros negocios con una agencia de viajes y acabó organizando todos los actos electorales de José María Aznar (alguno regalado, según la contabilidad secreta de la red Gürtel), el caso que se juzgará en primer lugar apenas toca de refilón al partido de Mariano Rajoy. Tan sólo atribuyen al PP haberse beneficiado de actos electorales que la trama corrupta organizó en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda por 233.000 euros. Los alcaldes de estos dos municipios cuando ocurrieron los hechos, Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, están imputados por haber recibido regalos de la trama a cambio de contratos amañados.

El Código Penal (artículo 122) detalla cual puede ser la responsabilidad del PP en lo supuestamente ocurrido: “El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que el responsable civil a título lucrativo puede ser un partido que aunque no se halle implicado en el proceso penal, como le ocurre al PP en este caso, que puede ser llamado a responder civilmente del daño causado al haberse beneficiado del mismo. La doctrina de este tribunal defiende que nadie puede enriquecerse indebidamente en virtud de negocios ilegales.