Recorrido judicial del ‘caso de los ERE’

El caso que investiga la tramitación de Expedientes de Regulación de Empleo Fraudulentos en Andalucía, el llamado caso de los ERE, ha monopolizado los últimos años de la vida política andaluza. La instrucción de la juez Mercedes Alaya se ha ido acercando poco a poco a la cúpula del Gobierno andaluz. Finalmente será el Tribunal Supremo quien investigue a sus dos expresidentes socialistas, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a los que ha citado a declarar como imputados. Estos son algunos de sus puntos álgidos de ese recorrido.

Mayo de 2011. A cinco días de las elecciones municipales, la juez instructora, Mercedes Alaya, exige a la Junta de Andalucía una copia de los documentos “auténticos” de los ERE.

Noviembre de 2011. La magistrada señala por primera vez al presidente José Antonio Griñán. Pide información sobre las operaciones de endeudamiento de más de 1,2 millones autorizadas por Griñán durante su etapa en la Consejería de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009.

Enero de 2012. Alaya imputa al primer alto cargo de la Junta: el director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera. También acusa a su antecesor, Juan Márquez.

Febrero de 2012. La juez acusa a la Junta de alterar 480 actas de los Consejos de Gobierno entre 2001 y 2010.

Marzo de 2012. El ex director general de Trabajo y principal imputado en el caso, Javier Guerrero, declara ante Alaya que la cúpula del Gobierno andaluz conocía “perfectamente” el sistema de ayudas que la magistrada considera ilegal.

Abril de 2012. La magistrada ordena el ingreso en prisión sin fianza del exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Julio de 2013. Alaya imputa a la exconsejera andaluza y exministra Magdalena Álvarez, así como a 19 ex altos cargos de la Administración andaluza.

Septiembre de 2013. Alaya dicta un auto en el que señala a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y a cinco exconsejeros, todos ellos aforados. Utiliza el término "preimputación".

Noviembre de 2013. La juez amplía la investigación a todas las consejerías de la Junta.

Marzo de 2014. El Parlamento andaluz pasa a primer plano. Alaya busca aclarar si los diputados que formaron la Comisión de Economía y Hacienda debatieron sobre el fondo de los ERE, ya que año tras año la partida fue incluida en los Presupuestos.

Junio de 2014. Alaya imputa a otro exconsejero andaluz. La juez acusa Martín Soler, antiguo responsable de Innovación, de usar un procedimiento inadecuado.

Agosto de 2014. El futuro de Chaves y Griñán queda en manos del Supremo. La magistrada remite parte del caso ERE al alto tribunal por la presencia de siete aforados. Considera que diseñaron el fondo para otorgar las ayudas. Los dos expresidentes, Chaves y Griñán, se muestran dispuestos a declarar voluntariamente.

Septiembre de 2014. La juez da 10 días a la Junta para que explique su control de las ayudas. Indaga sobre el papel de la Intervención en los cursos de formación

Octubre de 2014. Las hace públicas y entrega en el juzgado las actas de las reuniones de los viceconsejeros, denominados consejillos.

5 de noviembre de 2014. El fiscal insta al Supremo a que investigue a Chaves y Griñán.

6 de noviembre de 2014. Susana Díaz, presidenta de la Junta (PSOE), anuncia que los nueve aforados señalados en el caso de los ERE tendrán que dejar su escaño si finalmente son imputados.

13 de noviembre de 2014. El Supremo anuncia que investigará si Griñán y Chaves y tres exconsejeros, no imputados en la causa, cometieron delito al aprobar el fondo de las ayudas a empresas.

Mediados de noviembre de 2014. Los expresidentes andaluces Chaves y Griñán, y los exconsejeros socialistas Mar Moreno, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías se personan en la causa abierta en el Supremo y piden declarar voluntariamente.

23 de diciembre de 2014. La juez Alaya amplía la investigación de los ERE y reclama a la Junta informes de tres años de todas sus empresas públicas. Ésta acusa a la magistrada de instruir una "causa general".

7 de enero de 2015. El Tribunal Supremo recibe el sumario completo del caso. El instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, recibe de Alaya 22 discos que contienen 243 tomos con 140.000 folios.

Mediados de enero de 2015. La juez Alaya envía al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la exposición razonada sobre los indicios contra los exconsejeros aforados Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo.

Finales de enero de 2015. Los expresidentes Chaves y Griñán, y el exconsejero Gaspar Zarrías, entregan en el Supremo un informe pericial para intentar desmontar las tesis de la juez Alaya.

10 de febrero de 2015. La instructora del caso de los ERE ordena 34 nuevas imputaciones que afectan a empresarios de la Sierra Norte de Sevilla. La causa ya acumulaba en ese momento 265 imputados.

12 de febrero de 2015. El instructor en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ordena a la Guardia Civil una investigación sobre dos de los aforados, la senadora Mar Moreno y el diputado del Congreso Gaspar Zarrías, centrada en los actos que adoptaron como consejeros de Presidencia de la Junta de Andalucía.

12 de febrero de 2015. El Tribunal de Cuentas cita a los representantes de 37 empresas privadas y seis ayuntamientos para reclamarles al menos 252 millones de euros recibidos por la Junta para financiar los ERE.

17 de enero de 2015. El instructor de la causa en el Tribunal Supremo imputa a José Antonio Griñán y Manuel Chaves y les cita a declarar por el fraude de los ERE el 9 y 14 de abril, respectivamente (después de las elecciones autonómicas andaluzas convocadas para el próximo 22 de marzo). Los otros tres aforados son citados entre el 7 y 27 de abril.