Hacienda no ve relación entre la caja b del PP y adjudicaciones de contratos

El informe definitivo de la IGAE impide imputar cohecho a los empresarios que nutrieron las cuentas secretas de Bárcenas

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.Claudio Alvarez

Los donativos de constructores que figuran en la contabilidad paralela del Partido Popular llevada por el extesorero Luis Bárcenas entre 1990 y 2008 no guardan relación directa alguna con los contratos públicos que recibieron las empresas de los donantes en aquellos años. Esta es la conclusión más destacada del informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que dirige la investigación sobre los llamados Papeles de Bárcenas.

El informe de la IGAE, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y que controla la gestión económica y financiera del sector público, tiene una consecuencia prácticamente inmediata: al no hallarse una correlación entre pagos en b y adjudicaciones concretas de contratos se hace muy difícil imputar por cohecho a los empresarios que figuran como donantes de 7,5 millones de euros a la caja b del PP. El estudio llega a las mismas conclusiones que otro informe provisional elaborado por los técnicos de la IGAE en noviembre.

El estudio de los interventores estatales, de 147 páginas, concluye que no hay una correlación ni entre las fechas de las donaciones y de las adjudicaciones públicas ni entre el volumen de unas y otras. Esta conclusión es coherente con las diferentes declaraciones del extesorero popular ante el juez Ruz. Bárcenas, en prisión desde el 27 de junio de 2013, ha sostenido siempre que los donativos consignados en su contabilidad manuscrita no corresponden a actos administrativos concretos.

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El 15 de julio de 2013, Bárcenas, tras 18 días en prisión, describía al magistrado la naturaleza de las aportaciones: “Las donaciones no han sido finalistas. Álvaro Lapuerta dejaba muy claro que la cantidad que se recibía no llevaba aparejada ninguna contraprestación de ningún tipo. Eso sí, siempre que necesitaba que le hiciesen una gestión en un momento determinado, que le recibiese algo y tal, evidentemente una persona que se estaba portando bien con el partido se podía hacer una gestión de ese tipo. Y en ese sentido, yo he sido testigo en varias ocasiones en las que Álvaro Lapuerta llamaba a la persona que fuese en la administración pública que fuese y le decía: “Oye, tengo interés en que recibas a esta persona, que es una persona que nos ayuda. No tengo el menor interés en el tema que te va a plantear, lo único que quiero es quedar bien, que le invites tomar un café, que seas amable con él, y nada, absolutamente nada más”. Siempre”.

El informe analiza los contratos públicos recibidos por las empresas donantes entre los años 2002 a 2009, periodo en el que los supuestos cohechos no habrían prescrito y que abarca Gobiernos del PP y del PSOE. Las 15 compañías estudiadas, entre las que figuran gigantes de la obra pública española como Sacyr, FCC o Assignia (antigua Constructora Hispánica) percibieron contratos por valor de 22.452,1 millones de euros en ese periodo. El volumen de donaciones a la caja b en esos siete ejercicios fue de 4,8 millones de euros.

“No parece existir una correlación temporal general entre las aportaciones de fondos contabilizadas y los volúmenes de contratación adjudicados para cada una de las empresas, durante toda la serie temporal objeto de estudio”, certifica la IGAE. Los interventores que firman el estudio constatan, además, que los expedientes no contienen información que permita relacionan contratos concretos con los donativos irregulares.

Tampoco logran los inspectores establecer un vínculo entre el volumen de contratación de las empresas donantes y el cambio de gobierno entre el PP y el PSOE, que se produjo en el año 2004. Algunas empresas que realizaron aportaciones a la caja b de Bárcenas vieron cómo con la llegada al poder de los socialistas su volumen de contratos se elevó, mientras que en otros casos se redujo, sin que los técnicos de la IGAE vean un patrón llamativo.

Sobre la firma

Fernando J. Pérez

Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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