Archivada la querella por la privatización sanitaria en Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional de la querella que la asociación de médicos AFEM, una de las más activas en la marea blanca contra la privatización sanitaria, presentó el año pasado por supuestos delitos de cohecho, prevaricación y malversación en el proceso de privatización de la gestión hospitalaria en Madrid. Los magistrados consideran que no está debidamente justificada la perpetración de los delitos, aunque precisa que si hubiese nuevos indicios se podría acordar la reapertura del procedimiento.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid admitió a trámite la querella presentada por AFEM y empezó a investigar el proceso de privatización que inició el Gobierno regional tras la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia en 2003. Entre otras cosas, su titular, Marcelino Sexmero, solicitó una larga lista de informaciones de tipo económico, mercantil, de facturación y administrativa. Sexmero llegó a citar como imputadas a nueve personas: dos exconsejeros de Sanidad (Juan José Güemes y Manuel Lamela), dos altos cargos (Patricia Flores y Antonio Burgueño), y cinco representantes de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones políticas. Finalmente no declararon porque se interpuso el recurso.

La Audiencia estima ahora parcialmente el recurso de apelación de los querellados contra el auto de Sexmero, del 20 de junio de 2013. El recurso fue interpuesto por Juan José Güemes, ASISA, UNILABS, Patricia Flores y Antonio Burgueño, al que se había adherido el Ministerio Fiscal, Capio Sanidad, Juan Antonio Álvaro de la Parra y Manuel Lamela.

Los magistrados consideran que “la querella contiene una mezcolanza de hechos que nada tienen que ver con la causa que ha dado origen a la misma, que es el cambio del sistema de gestión de los mencionados hospitales, por lo que difícilmente puede pedirse a un tribunal penal que se pronuncie sobre manifestaciones que en realidad no son sino discrepancias con criterios políticos o incluso administrativos en cuanto a la gestión de la sanidad”.

AFEM explicó que el objeto de la querella no es el proceso de privatización emprendido en 2012 por el Gobierno regional, que fue recurrido por vía administrativa y que los tribunales paralizaron, sino la primera oleada de privatizaciones, que resultó en la apertura, entre 2007 y 2011, de tres hospitales gestionados por empresas. La querella describía supuestos tratos de favor a las compañías que ganaron los concursos y cómo los exconsejeros pasaron después a trabajar para ellas.