¿Preservar la democracia?

El Consejo de Ministros decidió impugnar la nueva convocatoria del 9-N en Cataluña para “preservar la democracia”. Tras el bloqueo ya conseguido de la consulta anterior, el Gobierno quiere ahora evitar que un conjunto variopinto de personas expresen su opinión en un acto sin consecuencia jurídica alguna y que forma parte del derecho de expresión y manifestación que toda democracia, que se precie como tal, incorpora y protege. Un episodio más de una cadena de despropósitos con las que el Ejecutivo del PP, con la complicidad de buena parte del arco parlamentario, ha sido incapaz de responder a la voluntad de gran parte de los catalanes de ejercer como sujeto político propio.

En torno a tres cuartas parte del electorado catalán (si hemos de hacer caso de lo que indican las encuestas y de la proporción de diputados que lo apoyan) quieren poder expresar su opinión sobre cómo deberían ser las relaciones entre Cataluña y España, tras cerrarse la puerta por parte del Tribunal Constitucional al nuevo escenario que planteaba la reforma del Estatuto. La falta de respuesta a esta petición ha hecho que entremos en un nuevo escenario, en el que los partidarios de la independencia plantean el todo o nada. En medio se han perdido apoyos y se ha acrecentado el nerviosismo.

La propuesta del nuevo 9-N permitió recomponer el acuerdo en torno a la necesidad de poder votar, y podía haber sido aprovechado si hubiera alguien en el otro lado dispuesto a hacer algo más que cerrar puertas. La nueva impugnación del Gobierno Rajoy ante una acción colectiva sin contenido jurídico muestra más el intento de situar el foco en algo que no sean las tarjetas black, la Operación Púnica o la imagen de Acebes declarando como imputado, que no una respuesta política seria a una movilización social que no muestra signos de desfallecer. Volver a situar al Tribunal Constitucional en medio de la trifulca no favorecerá en nada su deteriorada imagen y su necesario papel arbitral y de garantía normativa.

No tiene sentido hablar de “preservar la democracia” cuando la ley y las instituciones se usan para evitar precisamente que esa democracia cumpla con el objetivo de canalizar disensos y encauzar conflictos. La cosa llega a lo grotesco cuando esa misma democracia hace aguas por todas partes y no hay autoridad política de relieve, desde el anterior Rey al presidente de Gobierno, que no se vea obligada a pedir perdón por alguna actuación que le afecta y sobre la que tiene responsabilidades.

No nos debería extrañar que un partido creado apenas hace medio año acumule la mayor intención directa de voto cuando dice en voz alta lo que mucha gente comenta por todas partes. Mientras no seamos capaces de entender que lo que ocurre en Cataluña no es algo desconectado de la grave crisis institucional, económica, social y generacional que afecta a España, no lograremos salir del laberinto.

No se puede reducir el proceso catalán a unas élites que quieren cubrir sus vergüenzas, que las tienen. Lo cierto es que una gran parte de los catalanes creen que tienen derecho a votar sobre lo que les afecta. Se sienten sujeto político. Negarse a esa evidencia solo conducirá a la melancolía o al autoritarismo. Nadie debería en democracia pedir perdón por querer votar.