Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Un ‘topo’ de la Guardia Civil puso en peligro la Operación Púnica

El agente supuestamente informó a Granados de dónde colocaba la UCO sus cámaras

Un furgón de la Guardia Civil sale de la Audiencia Provincial con varios de los detenidos. Ampliar foto
Un furgón de la Guardia Civil sale de la Audiencia Provincial con varios de los detenidos. EFE

La Operación Púnica contra la corrupción estuvo a punto de irse a pique por la presencia de un topo en la Guardia Civil. El agente del instituto armado José Manuel Rodríguez Talamino supuestamente informó al ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados que la Unidad Central Operativa (UCO) estaba instalando un sistema de videovigilancia en las inmediaciones de la sede de las empresas del conseguidor David Marjaliza. Este chivatazo, según el auto del magistrado Eloy Velasco, “puso en grave riesgo la investigación y ha dificultado severamente la marcha de la misma”.

 Rodríguez Talamino, que fue detenido el pasado miércoles por orden del juez Velasco, no solo informó de la colocación de las cámaras. Según el auto, el agente, que pertenecía a un grupo que dio apoyo logístico a la UCO durante la investigación, realizó “activas gestiones para obtener más información acerca de la investigación”.

El guardia civil, explica Velasco, actuaba a requerimiento del propio Francisco Granados o de su compañero del cuerpo José Luis Caro Vinagre. Este agente estuvo imputado en la trama de espionaje de la Comunidad de Madrid, supuestamente radicada en la Consejería de Justicia e Interior cuando esta estaba dirigida por Granados.

El agente, que quedó ayer en libertad imputado por un delito de revelación de secretos, deberá comparecer quincenalmente ante la Audiencia Nacional o el juzgado más cercano a su domicilio.

La investigación de la Operación Púnica, que se inició en febrero de 2014 a través de unas diligencias de la Fiscalía Anticorrupción han necesitado de pinchazos telefónicos, vigilancias y seguimientos de los imputados principales y documentación aportada, entre otros organismos, por la Agencia Tributaria.