Alaya reclama a la Junta las actas de 12 años de reuniones del Gobierno

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha reclamado a la Junta de Andalucía que aporte en un plazo de 10 días las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros —los denominados consejillos, un órgano presidido por el consejero de la Presidencia— desde el 2001 hasta el 18 de octubre de 2012, así como las convocatorias internas y orden del día que hubiera. La fecha límite marcada por la magistrada no es casual. El 16 de octubre de ese año, el Gobierno andaluz aprobó un decreto por el que regulaba definitivamente los ERE.

En un auto, la magistrada pide dichas actas con el objetivo de determinar el "conocimiento generalizado" que del supuesto fraude podrían tener "las más altas instancias de la Junta" así como de la "indiciaria vulneración de la competencia del Estado en la concesión de tales subvenciones de naturaleza laboral". Entre otros asuntos, Alaya quiere saber cuántas cuestiones eran analizadas en dicho órgano sobre el procedimiento administrativo con el que se daban las ayudas (las llamadas transferencias de financiación), que la juez considera ilegal y que la Junta defiende. Sobre este asunto deberá pronunciarse el Tribunal Supremo, al que Alaya remitió el caso en agosto ante la supuesta implicación en el fraude de nueve aforados, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Asimismo, con dicha documentación, la magistrada quiere averiguar si los miembros del consejillo conocían asuntos como "la falta de fiscalización previa" de las ayudas, "el importante déficit presupuestario generado por la Consejería de Empleo" o "las modificaciones presupuestarias para incrementar" el fondo de los ERE. Con esta solicitud, la instructora atiende la petición realizada por la exasesora de Empleo e imputada María José Rofa.

Este último paso de la juez recuerda al inicio de su instrucción del caso. En marzo de 2011, la juez reclamó a la Junta las actas del Consejo de Gobierno de la última década, una petición que generó una gran polémica entre la magistrada y la Administración andaluza y que, finalmente, resolvió el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que permitió a la magistrada consultar dicha documentación.

En este mismo auto del día 22, la magistrada también atiende una petición de la Junta y pide al Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) que requiera a la aseguradora Generali y al denominado entonces Ministerio de Trabajo, encabezado por Eduardo Zaplana, la documentación relativa a la formalización y pago de las pólizas de Faja Pirítica de Huelva a las que se había comprometido la Administración General del Estado, a tenor del acuerdo del 11 de septiembre de 2002.