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ETA apuesta por el sellado de zulos y aplaza el desarme

El Gobierno vasco y Bildu consideran irreversible el fin del terrorismo

Un quiosco de San Sebastian el día que ETA anunció el fin de la violencia.
Un quiosco de San Sebastian el día que ETA anunció el fin de la violencia.

Tres años después de su declaración de cese definitivo de la violencia, ETA ha corroborado en la práctica ese compromiso y tanto la izquierda abertzale como el Gobierno vasco creen irreversible el final del terrorismo. Pero a ETA le queda pendiente su desarme y disolución. La Comisión Internacional de Verificación, que coordina Ram Manikalingam, con el respaldo del Ejecutivo vasco, presiona a la banda para que culmine su desarme antes de final de año a fin de evitar la etapa preelectoral, aunque “no hay garantías de que se vaya a producir”. Sin embargo, de lo que sí tienen constancia tanto el Gobierno vasco como la izquierda abertzale es de que “ETA va a proceder al sellado de sus zulos”, previsiblemente antes de fin de año.

En esa distinción entre sellado de los zulos y entrega de armas, ETA sigue la pauta de otras organizaciones armadas como el IRA o las FARC. Medios del Gobierno vasco creen que ETA se limitará a proceder al sellado y aplazará el desarme a la espera de un cambio en la relación de fuerzas en el Gobierno central, tras la celebración de las elecciones generales de 2015. “ETA sigue queriendo tener una interlocución gubernamental para desarmarse y el Gobierno del PP no está dispuesto”.

Pero, pese a que el desarme sigue pendiente, no deja de tener un carácter simbólico. La banda no solo ha cesado su actividad sino que, además, se ha desmarcado de la kale borroka registrada en los últimos meses. Igual que Sortu, sucesor del brazo político de ETA, legalizado hace más de tres años, tras rechazar la violencia. La presión de Sortu y la debilidad de ETA —unas pocas decenas de militantes acosados— hacen irreversible el fin del terrorismo.

También queda pendiente el compromiso de los presos de la banda del pasado 28 de diciembre de asumir la legalidad penitenciaria y su reinserción individual. Hasta hoy se han limitado a solicitar el acercamiento a las cárceles vascas de los mayores de 70 años y los enfermos graves. El colectivo de casi 500 presos —400 en España y 100 en Francia— no ha solicitado progresiones de grado porque implica asumir la prometida legalidad penitenciaria. La minoría radical —un 20%— impide que el colectivo asuma la reinserción individual al conllevar el reconocimiento del daño causado y el compromiso de indemnizar a las víctimas, además de rechazar la violencia.

Tampoco el Gobierno del PP, que tiene la competencia en política penitenciaria, ha dado ningún paso para favorecer la reinserción de los presos, empezando por la treintena de reclusos acogidos a la vía Nanclares. En julio, Joseba Urrusolo, acogido a dicha vía, fue sancionado por Instituciones Penitenciarias, tras una intervención en la Cadena Ser en la que rechazó su pasado terrorista y llamó a los presos etarras a que se acojan a la legalidad penitenciaria. El Gobierno del PP, asimismo, ha recurrido el decreto del Ejecutivo de Patxi López que reconocía a las víctimas de abusos policiales durante la Transición.

Los reiterados llamamientos del actual lehendakari, Iñigo Urkullu, al presidente Mariano Rajoy para que active la política penitenciaria y acerque a cárceles vascas a los presos de ETA reinsertables ha caído en el vacío. En su último encuentro con Rajoy, el 15 de septiembre, le dio hasta fin de año para que le responda.

No obstante, la presión de las cárceles disminuye porque en el último año los presos etarras han pasado de 600 a 500. De ese centenar, buena parte se ha beneficiado de la anulación de la doctrina Parot y otros han cumplido su condena. El Gobierno vasco calcula que en cuatro años saldrán otros 300 presos de ETA por cumplimiento de condena y quedarán menos de 200.

El reciente compromiso del presidente de Sortu, Asier Arraiz, de hacer “una revisión crítica del pasado” puede tener, si se consuma, un efecto sobre los presos de ETA: los reclusos de la banda tendrían un aval político para asumir la legalidad penitenciaria y pedir progresiones de grado.

Una declaración autocrítica de la izquierda abertzale sobre su pasada complicidad con el terrorismo tendría, también, efectos favorables para la convivencia en Euskadi. Las víctimas del terrorismo necesitan ese reconocimiento para avanzar en la convivencia. EL PAÍS publicó el domingo un reportaje en el que los concejales del PSE y PP, perseguidos en el pasado por ETA, denunciaban la falta de empatía con las víctimas de muchos ediles de Bildu, con los que comparten tareas municipales. Una autocrítica de Sortu facilitaría la convivencia.

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