Recorte judicial a la libertad de expresión de los militares

El Tribunal Militar Central ha desestimado el recurso presentado por el subteniente Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), mayoritaria en las Fuerzas Armadas, contra el arresto de un mes con el que fue castigado por declarar que, en vez de recortar el sueldo de los soldados, Defensa debería reducir otros gastos, como celebraciones de aniversario de las promociones, juras de banderas con civiles o patronas de las unidades.

Según el tribunal, estas manifestaciones suponen “verdaderas propuestas de tipo económico, reivindicativo y de actividad pareja a la propia de los sindicatos”. Se da la circunstancia de que uno de los miembros del tribunal era secretario del Estado Mayor del Ejército, cuyo jefe impuso la sanción. La decisión del máximo órgano judicial castrense —solo por debajo del Supremo— choca con la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que ha recordado que los militares tienen limitados algunos derechos —como el de huelga o negociación colectiva—, pero eso no significa que no puedan formar asociaciones profesionales o sindicatos y ha obligado a Francia a legalizarlos.

Por otra parte, el presidente de AUME anunció ayer que su organización, junto a las demás asociaciones de militares, promoverá movilizaciones en contra de la ley de Régimen Disciplinario y el Código Penal Militar, actualmente a trámite en el Congreso, y la ley de la Carrera Militar, que prepara el Gobierno. Según Bravo, las dos primeras recortan derechos fundamentales, especialmente el de asociación, mientras que la última ha supuesto “un auténtico fiasco” y un “jarro de agua fría”.

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) anuncia movilizaciones

Aunque la reforma de la carrera profesional de los militares era un compromiso pendiente desde 2011 y la Comisión de Defensa del Congreso la ha estudiado durante dos años, el anteproyecto elaborado por Defensa solo aborda aspectos secundarios, como los ascensos en la reserva o las concesiones de empleos y ascensos honoríficos a retirados y mutilados, pero no resuelve los problemas de la tropa ni de oficiales y suboficiales en activo. “Hay un monumental cabreo. Están llegando miles de quejas”, ha advertido Bravo.