¿Qué debería hacer el nuevo ministro de Justicia con la Ley de tasas judiciales?

"Derogarla", opina el portavoz de la progresista Jueces por la Democracia, Joaquim Bosch. "Miles de personas se han quedado fuera de la tutela judicial efectiva por motivos económicos. La ley ha fracasado en sus objetivos, nisiquiera ha recaudado lo que esperaban. La antigua era más que suficiente ya que solo gravaba a las grandes empresas, que son las que más litigan".

"En primer lugar derogarla, dado que ya había otra ley que funcionaba [solo pagaban tasas las grandes empresas], de 2002, cuando Rafael Catalá era Secretario de Estado de Justicia", opina Marcelino Sexmero, de la moderada Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. "Si esto no se deroga, al menos habría que reducir las cuantías de las tasas a un mínimo indispensable para que las pueda pagar cualquier ciudadano".

"Aunque evitan el uso abusivo de la justicia, se deberían pagar al final del proceso e imponerse a quien pierda", dice Pablo Llarena, presidente de la conservadora Asociación profesional de la Magistratura. La cuantía debería calibrarse en función de los derechos: más sustantiva para los derechos menores, más pequeña para los mayores. No es lo mismo defender tu libertad que recurrir una multa de 100 euros".

"Derogarla", dice con rotundidad Carlos Carnicer, presidente del Consejo general de la abogacía. "La Abogacía ha encabezado desde hace más de dos años la protesta y el clamor social contra esta ley, una de las que más daño ha causado a los ciudadanos y que menos ha servido para hacer Justicia. Ni siquiera conocemos lo que se ha recaudado de verdad por este concepto, pero sí sabemos que esos millones de euros no han ido a la Justicia en 2014 y tampoco irán en 2015, de acuerdo con los Presupuestos presentados en el Congreso. El acceso a la Justicia no admite barreras ni tasas. Francia que las tenía, aunque muy moderadas, las eliminó en enero de este año".

"Dada la masiva destrucción de derechos fundamentales de acceso a la justicia hace un año pedí al presidente del Tribunal Constitucional que agilizara los cinco recursos de inconstitucionalidad contra las tasas. Sería bueno que antes de que el alto tribunal fallara en contra de unas tasas desorbitadas e injustas, hubiera una decisión política consensuada que acabara con el problema".

"Hoy tenemos una Justicia para ricos, otra para pobres –la justicia gratuita- y una Injusticia para todos los demás, otra vez las sufridas clases medias, que tienen que pagar un peaje inadmisible e inasumible si quieren acceder a la justicia”.

"Lo hemos pedido muchas veces: que se derogue", repite Álvaro García Ortiz, presidente de la Unión progresista de fiscales. "Esta ley hace mucho daño a la gente, que se retrae a la hora de litigar. Los procesos ya son bastantes gravosos entre abogados, demandas, peritos… No estamos hablando de cualquier cosa, las tasas chocan de frente con el artículo 24.1 la Constitución".

"Habría que hacer una nueva reflexión sobre su necesidad y su importe", opina  Emilio Frías Martínez. portavoz de la conservadora Asociación de fiscales. Debería hacerse un análisis profundo a nivel técnico para valorar sus efectos más allá del debate tasas sí, tasas no. La ley no nació de la mejor manera; es hora de sacar conclusiones y ver si hay que reformarla, nosotros creemos que sí."