El Gobierno pide al Constitucional que anule la junta electoral del 9-N

El Gobierno ha reclamado al Tribunal Constitucional, a través de la Abogacía del Estado, que anule la junta electoral puesta en marcha por el presidente catalán, Artur Mas, el pasado 3 de octubre. El Ejecutivo ha enviado al alto tribunal un "incidente de ejecución" por el incumplimiento de la providencia dictada el pasado día 29, en la que el tribunal dejaba claro que, con la admisión de los recursos, quedaban suspendidos tanto la ley como el decreto de la consulta y sus anexos, "así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella".

El incidente de ejecución se plantea sobre las cuestiones que, siendo distintas del objeto principal de la causa, guarden relación con la ejecución de la sentencia. El Gobierno lo ha añadido a su recurso contra la ley de consultas, por el incumplimiento de la providencia que sobre esa ley dictó el Constitucional.

A partir de ahora, el tribunal tendrá que dar traslado a las partes personadas en el procedimiento, entre las que están la Generalitat y el Parlamento catalán, para que presenten alegaciones sobre esta nueva acción del Ejecutivo que se incorporará a los recursos ya presentados.

Cuando el incidente de ejecución sea estudiado y las alegaciones presentadas, el Constitucional debatirá el tema en pleno. El tribunal se reunirá mañana martes en una sesión ordinaria en cuyo orden del día no se incluye ningún tema relativo a la impugnación de la ley de consultas ni del decreto de convocatoria del 9-N.

La impugnación se produce después de que el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciara que los Servicios Jurídicos del Estado ya estaban trabajando en la impugnación del decreto de creación de la Comisión de Control de la Ley de Consultas a la pieza de suspensión tramitada por el Tribunal Constitucional, porque supone un nuevo "incumplimiento" del presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Los siete miembros de la comisión de control fueron elegidos el miércoles pasado por el Parlamento catalán con el único voto de los partidos soberanistas (CiU, Esquerra, ICV y la CUP), que previamente habían pactado los nombres. El resto de diputados del PSC, el PP y Ciutadans, no participaron en la votación y advirtieron de su ilegalidad y de las consecuencias del acto que se estaba celebrando.