Sánchez quiere un régimen de incompatibilidad total para diputados
El socialista pide que los cargos exhiban un certificado de Hacienda de sus obligaciones fiscales y la evolución de sus patrimonios "Vamos a proponer funerales de Estado para las víctimas del terrorismo machista", afirma
El diálogo entre grupos parlamentarios, liderado por el PP y el Gobierno, se mantiene con el afán de llegar a un acuerdo sobre regeneración democrática pero el PSOE quiere tener perfil propio en este terreno. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho este jueves dos anuncios que afectan a todo el arco parlamentario pero singularmente a los diputados y senadores socialistas. "A los ciudadanos se les debe representa a tiempo completo; un diputado no puede volver los jueves a su circunscripción y dedicarse a sus negocios en sus días libres y, mucho menos, ser diputado en los ratos libres". Este aviso de Sánchez, se concretará en una iniciativa parlamentaria para ampliar el régimen de incompatibilidades para evitar que los parlamentarios desarrollen actividades ajenas a sus responsabilidades políticas y parlamentarias. "Y en el caso de que las actividades tengan que ver con la responsabilidad política, como asistir a tertulias o colaborar con medios de comunicación, no podrán recibir retribuciones".
Si el Parlamento no aprueba esta propuesta, Pedro Sánchez pedirá a su grupo que se lo aplique. Muchos parlamentarios socialistas se han enterado en directo porque asistían al desayuno informativo del Forum Europa en el que Sánchez ha sido el invitado y presentado por el ex seleccionador nacional de baloncesto, premio Príncipe de Asturias, Pepu Fernández. A ambos les une su pertenencia, en años diferentes, al equipo del Estudiantes de Madrid.
Incompatibilidades sin control para los parlamentarios
En teoría la ley electoral establece un régimen estricto de incompatibilidades para diputados y senadores, pero en la práctica se permite casi todo y no hay control alguno, incluso aunque haya denuncia.
La ley establece la dedicación exclusiva, pero a partir de ahí se les autoriza a casi todo con la única limitación de no poder cobrar ni un euro de dinero público. Por ejemplo, si van a tertulias de medios públicos no pueden cobrar nada, en los privados, si.
Cualquier actividad privada debe ser aprobada por la Comisión del Estatuto del Diputado y votada en el Pleno pero no hay control alguno de su cumplimiento.
Tienen concedida la compatibilidad casi inmediata para ejercer la docencia y para la creación literaria , así como lo que esté relacionado con su actividad política, como cobrar por dirigir un partido o dar conferencias.
Del resto de actividades la limitación es no contratar directa o indirectamente de administraciones públicas, ni recibir subvenciones. De hecho, cuando se les concede compatibilidad para sus empresas se hace constar el compromiso de no tener relaciones con la administración.
Sn embargo, esa declaración no es comprobada, ni con denuncias. Un ejemplo es el de Miguel Arias Cañete que hizo constar durante dos legislaturas que sus empresas no contrataban con la administración a pesar de que una de ellas funciona con concesión administrativa y, por tanto, contrato con instancia oficial y, además, tenía adjudicados concursos. El Congreso nunca comprobó esos datos a pesar de que se publicó el evidente incumplimiento.
Hasta hace dos años la concesión de la compatibilidad era secreta. Hasta el punto de que se votaba a puerta cerrada y sin cámaras el informe en el Pleno y solo lo conocían los portavoces de cada grupo. La publicación ELPAIS de aquel informe completo hizo que el entonces presidente, José Bono, decidiera levantar el secreto.
Un marco más estricto en el control sobre los altos cargos y los parlamentarios ha sido la segunda propuesta del líder socialista, que también entrará en discusión en la negociación sobre medidas anticorrupción. Los políticos electos y designados al ser nombrados tendrán que presentar un certificado fiscal, expedido por el Ministerio de Hacienda, donde quede constancia de estar al corriente en su obligaciones fiscales, así como el patrimonio que poseen en ese momento. Al finalizar el mandato tendrán que presentar la evolución de dicho patrimonio."España necesita políticos de primera y que no cobren en B; "Los políticos culpables de corrupción deben pagar con su patrimonio".
Estas apreciaciones cobran más sentido en la preocupación que ha causado la información sobre el uso irregular de tarjetas de directivos y consejeros de Caja Madrid entre 1999 y 2012 que afecta a todos los partidos y principales sindicatos.La Audiencia Nacional está en en plena investigación de esos gastos sin justificar para compras privadas. El PSOE va a llamar a todos los afectados de su partido, les abrirá un expediente informativo, en todo caso pedirán que devuelvan el dinero, y si se comprueba que el uso fue fraudulento serán expulsados del partido.La investigación ya ha empezado.
Muchas preguntas sobre regeneración democrática le han formulado a Pedro Sánchez, en este foro, que ha reunido a más de 600 personas, entre cargos socialistas, como el alcalde de Toledo, Emiliano García - Page, la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, parlamentarios y empresarios. El fin de las puertas giratorias, es decir, el paso directo de la política a un puesto privado relacionado con la actividad pública anterior, ha sido remachado por Sánchez aunque "no con carácter retroactivo", porque la ley lo impide. Esta ha sido su respuesta a una pregunta sobre si iba a pedir al expresidente del gobierno Felipe González que abandonara Endesa. Muy diferente es el paso de un político a un puesto dentro de la administraciones como es el caso del exministro de Justicia Alberto Gallardón que al haber sido presidente de la comunidad de Madrid ha accedido directamente al Consejo Consultivo de esa comunidad con un sueldo bruto mensual de 8.500 euros, al igual que el expresidente socialista Joaquín Leguina.También se le preguntó sobre si veía mal estas situaciones. Lo ve bien salvo por la remuneración al considerar fuera de toda razón cobrar esa cantidad "por una reunión una vez a la semana".
Y un tercer anuncio casi al final del coloquio. "Vamos a proponer funerales de Estado para las víctimas del terrorismo machista". En todo caso él irá en la medida que le sea posible a mostrar sus condolencias a la familia de las mujeres asesinadas.
Muchos temas fueron abordados por él directamente o a preguntas de los asistentes. Uno de ellos le preguntó "cuándo iba a desprenderse de la sombra de Alfredo Pérez Rubalcaba y su equipo". Su cara fuera de sorpresa por cuanto que Sánchez ha cambiado a toda la cúpula socialista, portavoces y cargos del partido. La respuesta fue para defender la gestión de Alfredo Pérez Rubalcaba y vaticinar que con el tiempo se le reconocerá. En ese momento quiso realzar la Declaración de Granada en la que se apostó hace ya dos años por la reforma constitucional para abordar las tensiones territoriales.
CATALUÑA: "Rajoy sobre de nuestro leal apoyo a la Constitución; sabe de nuestro rechazo a la consulta del 9 de noviembre. Pero con la misma contundencia que a Mas le exijo cumplir la ley, le digo a Rajoy que sólo con la ley no basta; que su inmovilismo es gasolina para el independentismo. Llegó la hora de reformar la Constitución, no como cesión al independentismo sino con la convicción de que es la mejor solución para la unión y prosperidad de España".
PODEMOS: "Compartimos con dirigentes de Podemos el diagnóstico de algunos problemas, pero no las soluciones. Las nuestras son de izquierda y realistas y en eso discrepamos de Podemos".
ARIAS CAÑETE: "Los socialistas no apoyaremos a Miguel Arias Cañete como comisario europeo, por sus omisiones en reflejar sus sobresueldos y sus acciones en empresas pero también por su gestión en Medio Ambiente"
ERES DE ANDALUCÍA: "Los señores Griñán y Chaves no están imputados, pero yo apoyo la firmeza de la presidenta de Andalucía en la investigación sobre los ERES"
PRESUPUESTOS PARA 2015: "Los números son inverosímiles, injustos y anticipan nuevos recortes porque las comunidades autónomas van a acabar 2014 con un déficit cercano al 1,5% del PIB y tienen que ajustar hasta el 0.7% a finales de 2015. Habrá un recorte en las grandes partidas del gasto social de alrededor 7.000 millones de euros"
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