Mato usará un plan de infancia para introducir el cambio exprés del aborto

El Ministerio de Sanidad, que dirige Ana Mato, tiene ya prácticamente lista la fórmula para cumplir la orden del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de modificar la ley del aborto del PSOE solo en un punto concreto. El punto en el que, según el PP, hay consenso: la supresión de la parte de la ley de 2010 —un artículo y una disposición adicional— que permite que las embarazadas de 16 y 17 años aborten sin autorización de sus padres (y, en algunos casos, también sin informarles). Esa modificación afecta a un porcentaje muy bajo de los abortos (menos del 10%), y además la mayoría de las adolescentes informan a sus padres, según las clínicas, pero el Gobierno quiere resolver cuanto antes este asunto que iba en su programa electoral y mostrar que no renuncia del todo a tocar la ley del PSOE.

Rajoy, que tuvo el anteproyecto de ley del aborto empantanado durante un año —y lo retiró finalmente esta semana—, quiere ahora aprobar esa modificación mínima de la ley vigente en el plazo más corto posible, y pasar página. La encargada de hacerlo será la ministra de Sanidad —que en toda la fase anterior permaneció en silencio, rehusando incluso responder preguntas parlamentarias sobre el tema— y no el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que sustituye al dimisionario Alberto Ruiz-Gallardón.

El cambio se hará, según fuentes del Ejecutivo, incluyendo esa minirreforma del aborto en un paquete mucho más amplio, la ley de protección a la infancia, cuyo anteproyecto ya aprobó hace meses el Consejo de Ministros y que implica la modificación de un total de 13 leyes. Ahora está pendiente de informes para enviarlo al Consejo de Estado. El Gobierno confía en presentarlo inmediatamente, la semana que viene (ya con la modificación puntual sobre el aborto), y que la ley entre en las Cortes a finales de octubre. O incluso introducir la parte del aborto vía enmiendas parlamentarias en esa ley de Sanidad.

Se modificaría únicamente el artículo 13 de la ley del aborto vigente, la del PSOE, que introdujo la posibilidad de que las chicas de 16 y 17 años aborten sin permiso de los padres, y también sin informarles si alegan un “conflicto grave” en el seno de la familia (riesgo de malos tratos, amenazas o coacciones).

El Ejecutivo asume el creciente apoyo social al actual modelo de plazos

El Gobierno prevé, por tanto, dejar vigente el grueso de la ley del aborto de 2010, porque entiende ahora que modificarla generaría una gran división social. No renuncia a buscar una nueva fórmula en el futuro, pero no tiene planes inminentes. El PP no admite oficialmente motivos electorales, pero sí que es un tema muy controvertido. Antes del verano, el sociólogo de cabecera de Rajoy, Pedro Arriola, mostró al presidente una serie de encuestas que reflejaban que buena parte de los votantes del PP —en especial los más jóvenes— no están de acuerdo con cambiar la ley; esto es, que asumen como razonable la ley de plazos actual, el modelo que reconoce el derecho de la embarazada a abortar sin alegar motivo en las primeras 14 semanas, y que es similar al de la mayoría de países europeos. Estas encuestas implicarían, según admiten miembros del Gobierno, que las nuevas generaciones de votantes del PP han dado un salto en asuntos de contenido moral y ya no piensan lo mismo que sus padres (algo que también ha sucedido con el matrimonio homosexual).

La pervivencia de la ley de plazos dependerá, de todas formas, de lo que dictamine el Tribunal Constitucional, que aún debe decidir sobre el recurso que el PP planteó en 2010 y que no tiene previsto retirar. Pero esa sentencia tampoco se producirá de forma inmediata.

Medidas de protección a la maternidad

Sanidad y Servicios Sociales también trabaja en el otro compromiso que lanzó Rajoy al anunciar la retirada de la ley del aborto: un plan de apoyo a la familia y protección de la maternidad. Esto supondría cumplir dos de los tres puntos del programa del PP, la cuestión de las menores y el apoyo a la familia, aunque dejaría fuera el más relevante: "Cambiaremos la actual legislación del aborto para reforzar la protección del derecho a la vida”, rezaba el programa, lo que parecía indicar que se derogaría el modelo de plazos y se volvería al modelo de supuestos despenalizados.

El plan de apoyo a la familia incluirá un paquete completo de medidas, de importante volumen económico según fuentes del Ejecutivo, que no estarán listas hasta finales de año. Se trata de aumentar la red de ayudas a las mujeres con problemas que se quedan embarazadas, y mayores recursos de apoyo a las familias, en la línea de lo ya anunciado en la reforma fiscal. El Gobierno también quiere aumentar el peso de la educación sexual en las escuelas y promover todo tipo de medidas preventivas para evitar embarazos. En este último plan de familia y maternidad el ministerio lleva ya tiempo trabajando, pero ahora con el compromiso de Rajoy se acelerará para sacarlo antes de final de año, aunque aún no está clara qué dotación final tendrá.