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Convictos sin plaza

Las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad triplican las plazas disponibles, lo que provoca que muchas penas prescriban

Manuel Pineda, en el centro de acogida de Madrid donde cumplía en agosto los trabajos comunitarios.
Manuel Pineda, en el centro de acogida de Madrid donde cumplía en agosto los trabajos comunitarios.

Unos 42.000 condenados, la mayor parte de ellos por delitos contra la seguridad vial, están a la espera de encontrar plaza en un lugar donde expiar su culpa. Han sido sentenciados a efectuar trabajos en beneficio de la comunidad, una figura jurídica con 18 años de vida que les permite evitar la prisión o ahorrarse multas. El problema es que no hay oferta suficiente para todos, a pesar de que los jueces recurren cada vez menos a este tipo de sentencias. La Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas registró 93.700 condenas de este tipo en 2013, pero las plazas disponibles para cumplirlas rondaban las 30.000. Al final, muchas penas prescriben sin que haya habido oportunidad de saldarlas.

Manuel Pineda, un dominicano que llegó a España hace 15 años, acaba de cumplir su condena. Durante tres meses ha echado una mano en el Centro de Acogida para Personas Sin Hogar San Isidro de Madrid. Hasta allí llegan cada día indigentes en busca de cobijo, comida y compañía. Convertido en TBC (siglas de trabajos en beneficio de la comunidad) del centro, Pineda ha purgado con esta tarea de ayuda social el haberse saltarse un semáforo en estado de ebriedad. Este tipo de castigo, privativo de derechos, es una medida alternativa o reductiva de la condena —a prisión o multa—.

La mitad de las penas responde a infracciones viales; la otra, a violencia de género y faltas diversas

La mitad de las penas de los TBC responde a delitos relacionados con la carretera; la otra, se reparte entre violencia de género (25%) e infracciones diversas. Pineda cumplió una sentencia de 240 horas. Podía haber ido al centro dos horas diarias durante seis meses o cuatro durante la mitad de tiempo. Optó por lo último.

Pineda tenía 19 años cuando se saltó el semáforo; hoy tiene 28. Entre el delito y la carta que le comunicó el inicio de los servicios sociales han pasado dos hijos y una emigración. “Me fui de España hace cinco años para mejorar mi situación y cuando tenía mi vida hecha, me hacen volver”, se lamenta. Su juicio se retrasó, el proceso se alargó y cuando partió para Reino Unido todavía no le habían notificado su condena.

La demora de la burocracia y la falta de plazas para llevar a cabo la pena retrasa su cumplimiento en ocasiones hasta su prescripción. Los TBC superiores a más de treinta días de trabajo —como el caso de Pineda— prescriben a los cinco años de haberse dictado el fallo; los que son pena leve, al año. José Ángel Brandariz, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña y experto en estos trabajos, explica que no existen datos de vencimiento de penas, pero que “el boom de condenas de este tipo en 2007-2009 provocó un colapso” que sigue patente. En ese periodo los sentenciados que esperaban una plaza rondaban el 80%. Desde entonces se dictan la mitad de condenas. “Hoy los magistrados han cambiado su actitud en favor de la recaudación”, apunta Brandariz.

Pineda dejó a su familia en Inglaterra para cumplir una pena que llegó cinco años después de su delito

Son las Administraciones —principalmente los Ayuntamientos—, las entidades sociales —como ONG— y los centros penitenciarios quienes ofrecen plazas de este tipo. Madrid es la segunda comunidad con mayor oferta (3.145 plazas), detrás de Andalucía, con más de seis mil. El seguimiento de cada infractor debe realizarlo el director del centro donde se cumple la pena. Pero las faltas de asistencia son recurrentes y provocan la prolongación del tiempo de condena e incluso su suspensión. “No cumplir la pena acarrea incurrir en un delito de quebrantamiento que siempre lleva aparejada prisión”, aclara Gabriela Boldó, jueza sustituta y profesora en la Universidad de Barcelona.

A Pineda, residir en el extranjero con su familia y tener un puesto de trabajo como ayudante de cocina no lo salvó: “Me dijeron que o volvía a España o me ponían en busca y captura”. Asegura que intentó que le conmutaran el castigo por una multa para no tener que regresar a España y arriesgarse a perder su trabajo, pero le informaron de que esa opción ya no existía. Mientras estuvo en España recibía dinero de su mujer y se alojaba en casa de su hermano.

Las tareas que desempeñó en el centro eran principalmente de mantenimiento: “Arreglar una puerta, limpiar las escaleras, ayudar con la gente que no se vale por sí misma y, siempre que se podía, sacar una sonrisa con mis chistes malos a los que están más bajos de moral”.

Las funciones que llevan a cabo los sentenciados a TBC son de apoyo en centros asistenciales, en campañas o eventos culturales y deportivos, y de ayuda en tareas de albañilería o jardinería si conocen el oficio. Darío Pérez, director del departamento del Samur Social de Madrid, aclara que “en ningún caso el penado realiza labores profesionales, el servicio va a funcionar estén ellos o no. Tampoco sustituyen al voluntario. Ellos pueden ayudar a repartir comida, pero si no están, la comida se reparte igual”.

A partir de 2009, los talleres de sensibilización, que buscan concienciar a los infractores sobre cuestiones de género y responsabilidad vial, entraron a conmutar como TBC debido al alto número de casos relacionados con estos delitos. Las infracciones menores son las “estrellas del Código Penal”, puntualiza Brandariz, “son las menos cuantiosas, pero las que se llevan la mayor parte de sentencias”. Solo en infracciones de tráfico, la Fiscalía de Seguridad Vial estima que acabará 2014 con unas 95.000 condenas, un 14% más que el año pasado. “Los TBC son una opción muy positiva”, defiende el profesor.

Los infractores escogen qué tipo de labor realizar, aunque en el caso de los talleres suelen ser recomendados por el juez. El delito y el trabajo que se realiza no siempre tienen correspondencia, pero expertos como la jueza Boldó consideran “aconsejable” que sea así, “puesto que es más fácil que el penado entienda las consecuencias de su conducta y que se consiga el fin educativo que se persigue”. A Pineda le ofrecieron ayudar en el mantenimiento de carreteras o jardines, pero como había sido voluntario en una organización de asistencia social, prefirió el centro de acogida. Aunque no tiene relación con el delito que cometió, el director del Samur Social matiza que, en cualquier caso, “devuelve a la sociedad su falta y se acerca a un colectivo que quizás nunca hubiese conocido, con el que empatiza y que le muestra la realidad social a la que te puede empujar salirte del sistema”.

La falta de plazas provoca la acumulación de personas que esperan un puesto. Brandariz opina que “los jueces pueden percibir este problema y por eso optan por otras medidas, ignorando la opción de los TBC”. Boldó propone una solución para que ni se dejen de aplicar ni prescriban estas condenas: “Existen determinadas actividades que podrían realizarse con un ordenador e Internet, sin que sea necesario un desplazamiento, con el consiguiente ahorro económico y de tiempo”.