La falta de plazas de trabajo social deja impunes a los maltratadores

Los trabajos en beneficio de la comunidad, que se imponen como condena por delitos leves, no pueden cumplirse en su totalidad porque no hay plazas suficientes para ello, como están denunciando jueces y abogados. El año pasado, a 30 de noviembre, habían llegado a Instituciones Penitenciarias cerca de 35.400 condenas de esta clase contando sólo los delitos de seguridad vial y los de violencia de género, y sólo hay 12.000 plazas para todos los casos. Es cierto que estas plazas pueden ser ocupadas por más de un condenado, incluso simultáneamente, por turnos, pero eso no impide que en buena medida no se estén cumpliendo estas penas.

Sirven de ejemplo los casos de violencia de género. El año pasado (con datos hasta noviembre) Instituciones Penitenciarias había recibido 9.086 penas por este delito de las que, hasta esa fecha, se habían cumplido 3.000. Otras 3.000, dicen, se estaban ejecutando entonces y se gestionaban unas 1.100 más. Restaba un 30% que quedaba, como estas últimas, a la espera.

El año pasado había 12.000 empleos y más de 35.000 condenados

Y por violencia de género se dicta una ínfima parte de estas condenas. El grueso se lo llevan los delitos de seguridad vial, que sumaron 26.300 el año pasado. En Cataluña, con las competencias penitenciarias transferidas, y con un éxito mayor que en el resto de España para poner en marcha estas condenas, a decir de los expertos, reconocen que sólo se cumplen la mitad de ellas, por esa falta de plazas.

El Código Penal introdujo en 1995 las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y en su reforma de 2003 se pedía potenciar y mejorar la eficacia de este sistema. Está pensado para delitos menores que se cometen por primera vez y en ausencia de antecedentes penales. Suelen ser penas aleccionadoras encaminadas a modificar la conducta del enjuiciado. Si se trata de velocidad al conducir, se les adjudican trabajos en un centro de tetrapléjicos; si de pintadas en la pared, pueden acabar limpiando con las patrullas municipales; si es un delito de tenencia de drogas, en un centro de desintoxicación, por poner unos ejemplos. Pero en la práctica esto no se cumple. Es imposible por ahora, reconocen en Instituciones Penitenciarias.

Los condenados han de desempeñar uno de estos trabajos entre 30 y 80 días. Y hay para ello y plazo de un año. Si en un año no se ha proporcionado una plaza, el condenado se irá de rositas. Se procura compatibilizar estas tareas con el empleo del infractor, buscando los días, las tardes, los fines de semana más adecuados. De ello se encargan los servicios sociales de Instituciones Penitenciarias, a veces, con demasiada benevolencia, teniendo en cuenta que estas penas no son voluntarias, hay que cumplirlas. Se han dado casos de tener plazas y no ocuparlas porque no le viene bien al penado llegar hasta un pueblo determinado o en un horario concreto. En 2005, Instituciones Penitenciarias firmó un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para ir incorporando ayuntamientos con el fin de procurarse plazas donde ejecutar estas condenas. En la actualidad, la FEMP ha proporcionado casi 4.300 plazas gracias a este convenio con 603 ciudades de todas las comunidades, menos Cataluña.

Pero entre los juristas que se dedican a los casos de violencia de género, como ocurre en la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, hay una especial preocupación por "la impunidad" en que quedan muchos de estos casos. "Algunos, además se niegan a hacer algo y el patrón no ve la forma de obligarles", afirman.

Los hombres que son enjuiciados por maltrato leve a su pareja y se avienen a la pena solicitada por el fiscal pueden acabar condenados a hacer trabajos en beneficio de la comunidad. Estas condenas están pensadas para los delitos leves y sin reincidencia. Los maltratadores que no se manifiestan conformes con la pena van a juicio y si la condena es de sólo unos meses, como el habitual, puede suspenderse por un programa de rehabilitación, algo que tampoco existe en la mayoría de las comunidades, donde apenas hay cursos sin homologar y sin las características suficientes para cumplir con lo previsto.

En Cataluña aseguran que estas penas sólo se cumplen en un 50%. José Antonio Rodríguez, magistrado del penal 21 de Ejecutorias de Barcelona, explica: "En 2008 se cumplieron unas 1.500 del total de los delitos, y el resto, quedó a la espera". Rodríguez asegura que no hay plazas para todos en instituciones de carácter social, como la Cruz Roja, "ni en un centro de tetrapléjicos", por poner un ejemplo.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género de los jueces (CGPJ), Inmaculada Montalbán, reconoce que siempre ha habido problemas para aplicar estas penas en beneficio de la comunidad, aunque en algunos sitios, como en Cataluña, dice, la experiencia fue más exitosa. Conoce los problemas de plazas que suelen darse, pero insiste en que es una pena "idónea para estos hechos delictivos primarios y sin antecedentes". "Creo que debería hacerse un esfuerzo", dice. "Si no se pueden cumplir se queda la sensación de impunidad y eso no es bueno", añade Montalbán.