El Constitucional verá el recurso contra la reforma local de 3.000 Ayuntamientos

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la demanda de cerca de 3.000 Ayuntamientos de toda España, que representan a unos 17 millones de ciudadanos en contra de la reforma local impulsada por el Gobierno del PP. El recurso critica que la reforma impulsda por el Gobierno no respete “la configuración constitucional de la autonomía local” y el hecho de que cree "dos clases de municipios, los grandes y los de menos de 20.000 habitantes, abocados a convertirse en meros foros de discusión política sin capacidad de gestionar servicios", tal como señala el texto que señala además que el cambio legislativo persigue desapoderar "a los pequeños y establecer controles de oportunidad por parte de otras administraciones que sitúan a las entidades locales en posición de subordinación".

PSOE, PSC, Izquierda Plural (IU, ICV, CHA), BNG, CiU, ERC y UPyD fueron los partidos promotores del recurso admitido a trámite que se une a los presentados y admitidos por los Parlamentos de Extremadura, Cataluña y Navarra, los gobiernos autonómicos de Andalucía, Asturias, Cataluña y Canarias. Solo quedaron al margen los parlamentarios del PP, del PNV --que apoyó la reforma local en su tramitación en las Cortes Generales--, CiU --que presentó recurso desde el Gobierno y el Parlamento catalán-- y varias formaciones del Grupo Mixto.

El Constitucional ha dado traslado del conflicto en defensa de la autonomía local presentada contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, que disponen ahora de 20 días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.

La admisión a trámite, según recuerda el tribunal en una nota, no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto. Además, en respuesta a la petición de suspensión cautelar de la reforma local realizada por los Ayuntamientos, el pleno del tribunal ha acordado dar un plazo de 15 días a las partes para que se pronuncien al respecto.

Encabezados por el vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, los representantes de la política municipal acudieron el pasado junio al tribunal de garantías contra una norma que, a su juicio, atenta contra los derechos de los ciudadanos y la autonomía local.

A las puertas del Constitucional, Caballero calificó la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local como "el mayor ataque al municipalismo que se hizo nunca en democracia" y advirtió de que tendrá unas "enormes consecuencias negativas para millones de españoles". Según argumentó, las entidades locales tendrán que dejar caer "multitud de políticas sociales" en ámbitos como el empleo, la educación o la sanidad porque no tendrán "recursos, capacidad, ni competencias para hacerlo".

Caballero destacó que su demanda no plantea "un conflicto de luchas de poder", sino "un conflicto en defensa de los ciudadanos", especialmente de aquellos que están siendo "duramente golpeados" por la crisis, y pretende evitar "una privatización masiva de servicios municipales que al final va a significar peores servicios y un mayor coste" de los mismos.