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El Ejecutivo estará obligado a explicar en el Congreso los indultos controvertidos

La medida está incluida dentro del paquete de propuestas de "regeneración democrática"

El Gobierno va a incluir en su paquete de propuestas de “regeneración democrática” —que quiere discutir con la oposición en los próximos dos meses— un capítulo específico sobre los indultos, según adelantó el PP el pasado domingo. Fuentes del Ministerio de Justicia detallaron ayer en qué consistirá esa reforma, aunque subrayan que es una propuesta inicial que será sometida a debate.

Habrá dos novedades: la primera es que, ante una petición de información sobre un indulto por parte de un grupo parlamentario (o varios, eso no está decidido), el ministro de Justicia estará obligado a explicarlo en el Congreso; ahora ya se hacen preguntas parlamentarias sobre indultos, pero el Gobierno puede retrasar la respuesta o responder con evasivas, y a menudo lo hace, porque el indulto es una facultad discrecional del Ejecutivo. La segunda novedad es más relevante: en esa comparecencia el ministro tendrá que “motivar” el indulto, es decir, explicar las razones que le han llevado a concederlo o denegarlo.

La motivación del indulto es algo a lo que siempre se han negado todos los Gobiernos, alegando que precisamente el carácter discrecional de esa medida de gracia hace innecesaria e incluso perjudicial la motivación, porque podría considerarse una desautorización al tribunal que dictó la condena, una intromisión directa del poder ejecutivo en el judicial. La ley del indulto, que es de 1870, establecía en origen que el decreto de indulto debía ser “motivado”, pero esa palabra fue eliminada en 1988; a partir de entonces no dice ni que haya que motivarlo ni que esté prohibido hacerlo.

Ahora, sin embargo, el Ejecutivo va a defender la posibilidad de motivar los indultos, aunque fuentes de Justicia matizan: “Se darían siempre razones políticas o humanitarias, nunca de naturaleza jurídica”. Lo que el ministerio descarta por el momento es hacer distinciones entre delitos: prohibir, por ejemplo, los indultos a condenados por corrupción.

El Gobierno valenciano, contrario a que se conceda la gracia a  Fabra

El Gobierno del PP ha concedido en estos casi tres años 756 indultos, el 4% de los solicitados. De ellos, más del 40% fueron por delitos contra la salud pública (relacionados generalmente con trapicheo de drogas). Hubo siete indultos a funcionarios o cargos públicos condenados por prevaricación o malversación; el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, no obstante, sostiene que no ha concedido “ni un solo indulto en casos de corrupción”, porque en ninguno de esos casos el condenado se llevó “dinero a su bolsillo”.

Por otra parte, el Ejecutivo valenciano, del PP, se mostró ayer contrario a que se conceda el indulto a Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial y condenado a cuatro años de cárcel por fraude a la hacienda pública. “Entendemos que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y, evidentemente, no somos favorables a este tipo de solicitudes”, afirmó la portavoz del Gobierno valenciano, María José Catalá, informa Efe.