Gibraltar, la ‘guerra de Margallo’

Lo primero que hizo José Manuel García-Margallo (pariente del general que dio nombre a la Primera Guerra del Rif) cuando llegó al Ministerio de Exteriores fue contestar, con año y medio de retraso, una carta que el secretario del Foreign Office, William Hague, había dirigido a su antecesor, Miguel Ángel Moratinos. Margallo no podía dejar pasar que Hague dijera que Londres no discutiría la soberanía del Peñón sin el visto bueno de los gibraltareños. Una cosa, advertía el ministro, es que el Reino Unido consulte con quien quiera un acuerdo sobre el futuro de su colonia y otra que se niegue a hablar, como se comprometió a hacer en el Proceso de Bruselas (1984). No se sabe cómo se tomó el Foreign Office la tardía respuesta, pero a Margallo le daba igual: lo importante para él era fijar su posición, no ceder ni un milímetro y recuperar en lo posible el terreno perdido en la etapa de Zapatero.

Desde entonces, la guerra de Gibraltar —cuyos picos de tensión suelen coincidir con el periodo estival— se ha plasmado en multitud de escaramuzas, muchas de ellas en el ámbito europeo, de las que España y Reino Unido han salido con suerte desigual. Estos son los más importantes frentes aún abiertos:

» Veda de pesca. La decisión del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, de prohibir faenar en aguas próximas al Peñón —cuya soberanía se disputan España y Reino Unido— abrió en marzo de 2012 la caja de los truenos. Picardo enterró el acuerdo informal alcanzado en 1999 con las cofradías de pescadores españoles, alegando que violaba una ley medioambiental gibraltareña de 1991. En teoría, los pesqueros afectados son 53 de La Línea y 12 de Algeciras, aunque raramente faenan más de media docena simultáneamente. La Asamblea del Peñón ya ha reformado dicha ley y ha facultado a Picardo a regular la pesca por decreto, pero este no lo ha hecho aún por razones de oportunidad política.

» Bloques de hormigón. En julio de 2013, sin previo aviso, Picardo decidió lanzar a la bahía 70 bloques de hormigón de metro y medio cúbico, terminados en largas barras de hierro. Su objetivo, según dijo, era formar arrecifes artificiales, pero España lo entendió como una provocación. “Los arrecifes se crean donde no hay bancos de pesca, para generarlos, no donde ya los hay, para destruirlos”. El Gobierno denunció ante la Comisión Europea esta medida, así como el bunkering —suministro de combustible desde gasolineras flotantes— y el relleno de las aguas costeras con arena, pero la dirección de Medio Ambiente de la UE acaba de dictaminar que ninguna de esas prácticas viola la legislación comunitaria. Exteriores no se da por vencido y presentará nuevos informes.

» Adiós al bunkering. Tras años de denuncias de los grupos ecologistas, por el riesgo de vertidos, las gasolineras flotantes han desaparecido del Estrecho. El éxito no se puede achacar al endurecimiento de la legislación española ni a las denuncias ante Bruselas, sino a la competencia del mercado. La firma holandesa Vopak ha abierto una terminal de almacenamiento de combustible en el puerto de Algeciras, desde la que suministra a los buques en tránsito por el Estrecho a través de gabarras. Además, Hacienda ha suprimido el arancel que gravaba la venta a los buques extracomunitarios, lo que le daba ventaja a Gibraltar. Algunas fuentes atribuyen también este cambio a la presión de los verdes gibraltareños, que apoyan a Picardo. El caso es que ya solo queda una gasolinera flotante en la colonia y está atracada en el puerto, no fondeada como antes en plena bahía de Algeciras.

» Rellenos en el mar. Los rellenos de la cara Este del Peñón, con arena de la duna de Valdevaqueros (Tarifa), llevaron a la Fiscalía de Medio Ambiente a pedir la prohibición cautelar del paso de camiones con dicha mercancía a Gibraltar. Las autoridades del Peñón recurrieron a la importación de arena y piedras desde Portugal y Marruecos, lo que Exteriores intentó impedir mediante gestiones diplomáticas. Fuentes gibraltareñas aseguran que la fase actual del Eastside Project, que incluye la construcción de dos espigones y la regeneración de la playa de Sandy Bay, está ya concluida.

» Colas en La Verja. España nunca reconoció la vinculación entre ambos hechos, pero al vertido al mar de los bloques de hormigón siguió el endurecimiento de los controles en La Verja, que provocaron largas colas para entrar y salir del Peñón. La Comisión Europea, que envió dos misiones de inspección —en septiembre de 2013 y en julio pasado— reconoció el derecho de España a realizar controles (Gibraltar está fuera del espacio Schengen y de la Unión Aduanera), pero tachó algunos de “desproporcionados” y pidió que sean más selectivos, atendiendo a los perfiles de riesgo de los presuntos contrabandistas. España ha anunciado la creación de una tarjeta para agilizar el paso de los trabajadores transfronterizos (6.000 españoles trabajan en la colonia) y la realización de obras en la aduana por 7,4 millones (incluido un sistema automatizado de lectura de matrículas) que deben iniciarse en septiembre y estar acabadas en marzo. Picardo insiste en que los controles están “políticamente motivados” para perjudicar la economía del Peñón.

» Contrabando de tabaco. El reciente informe de la Oficina de Lucha contra el Fraude de la UE (OLAF) que constata indicios de delitos de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Gibraltar ha sido interpretado por España como una confirmación de sus denuncias. Solo entre 2010 y 2012 las aprehensiones de tabaco de contrabando aumentaron un 213% y en este último año las importaciones de cajetillas rozaron los 140 millones. Gibraltar ha limitado las compras a un cartón por persona desde el 1 de agosto y ha anunciado un cupo de 90 millones de cajetillas importadas a partir del año próximo. Según la OLAF, el contrabando de tabaco ha costado 700 millones a las arcas comunitarias desde 2010.

» Régimen fiscal. La Comisión Europea ha abierto, a petición de España, un procedimiento para comprobar si el régimen fiscal gibraltareño —con un impuesto de sociedades del 10% sobre los ingresos obtenidos en la colonia— supone ayudas de Estado. España logró que el anterior régimen fiscal fuese declarado ilegal por el Tribunal de Estrasburgo, pero cuando lo hizo ya había sido sustituido por uno nuevo, al que achaca los mismos defectos, y ahora teme que vuelva a suceder lo mismo.