El extesorero manchego del PP ignora la caja b y relativiza su cargo

Lamberto García Pineda, exconcejal de Hacienda de Toledo (2003 y 2007) y extesorero del PP de Castilla-La Mancha (2004-2008), declaró ayer como imputado en el caso Bárcenas ante el juez Pablo Ruz. García Pineda confesó que su función en el partido era la de "una figura decorativa sin funciones ejecutivas", que firmaba talones de euro y medio para comprar cafés o papel higiénico, que no conocía de nada a Luis Bárcenas, que no sabe si su partido tenía una caja B ni conoce que hubiera una donación de 200.000 euros a la organización por parte de la empresa a la que se adjudicó el contrato de recogida de basuras de Toledo. Lamberto García acudió a declarar como imputado y lo negó todo. Incluso rechazó que el Gobierno municipal del que formaba parte aprobara un complemento de 11,3 millones de euros en el contrato adjudicado a Sufi, filial de Sacyr, para la recogida de basuras. La Intervención General del Estado sostiene en un informe incorporado a la causa que el contrato de la recogida de basuras de Toledo se elevó en 11,3 millones de euros "omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho". Lamberto García recordó en su declaración ante el juez que el Gobierno municipal de Toledo tan solo aprobó un protocolo de intenciones sin eficacia normativa sobre el incremento salarial de los trabajadores de la recogida de basuras, que dependían de Sufi. Así se evitó una huelga en las vísperas de las fiestas del Corpus, según dijo. Pero que ese protocolo, que supuestamente suponía el sobrecoste de los 11,3 millones de euros, nunca se llegó a ejecutar. 

El juez Pablo Ruz investiga la supuesta financiación ilegal del PP en Castilla-La Mancha basada en el pago de una supuesta comisión ilegal de 200.000 euros por parte de los responsables de la constructora Sacyr. El extesorero del PP, Luis Bárcenas, relató en la Audiencia Nacional que en los meses previos a las elecciones autonómicas celebradas en Castilla-La Mancha en mayo de 2007, a las que se presentó por primera vez como candidata Dolores de Cospedal, el partido logró una ayuda económica de 200.000 euros nunca declarada a Hacienda tras una reunión previa con los responsables de Sacyr, Luis del Rivero, entonces presidente, y Manuel Manrique. De aquel dinero, que llegó a Bárcenas y este traslado al PP de Castilla-La Mancha, queda una prueba escrita que el extesorero aportó al juzgado. Se trata de un recibí que escribió y firmó José Ángel Cañas, entonces gerente del partido en esa autonomía,

Dolores de Cospedal atribuyó primero esta supuesta ayuda a las trasferencias legales de dinero desde la estructura nacional del partido a la organización en Castilla-La Mancha para financiar parte de la campaña electoral. Pero en la contabilidad oficial del PP castellanomanchego no figura por ningún lado ese ingreso.

José Ángel Cañas prestó declaración ante Ruz, negó que hubiera recogido ese dinero de manos del extesorero nacional del PP. Cañas aseguró que había firmado el recibí sobre los 200.000 euros porque Bárcenas era su superior y le obligó a ello. El juez dejó entrever en sus preguntas que no creía la versión de este imputado.

Bárcenas, sin aportar prueba alguna de lo que sugería, vinculó la ayuda de Sacyr al PP con un contrato multimillonario para la recogida de basuras del ayuntamiento de Toledo adjudicado a Sufi, filial de Sacyr. Un informe de la Intervención General del Estado acreditó que el Gobierno municipal de Toledo, entonces en manos del PP, aprobó en una de las últimas comisiones de gobierno celebradas antes de las elecciones de mayo de 2007 una aportación complementaria al contrato adjudicado a Sufi superior a 10 millones de euros.

La amenaza de huelga de los trabajadores de la contrata de limpieza, que habían sufrido un recorte muy importante de su sueldo al pasar a depender de la nueva empresa que había logrado el concurso, llevó supuestamente al PP de Toledo a resolver los problemas de la contratista mediante una aportación adicional de fondos públicos superiores a 10 millones de euros.

La Intervención General del Estado consideró ilegal este regalo de 10 millones a la empresa que había ganado meses antes el concurso de la recogida de basuras con un precio cerrado. Entre el fallo del concurso (15 de enero de 2007) y la aprobación del complemento presupuestario de 10 millones de euros (mayor de 2007), el PP recibió (marzo de 2007) los 200.000 euros de Sacyr, según el relato de Bárcenas.

El concejal de Hacienda de Toledo que pilotó la operación para aportar diez millones más al contrato de las basuras era Lamberto García, que compatibilizaba su cargo con el de tesorero del PP en Castilla-La Mancha. Bárcenas también citó en su denuncia ante el juez Ruz a Vicente Tirado, hoy presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y la persona con la que supuestamente se reunió para concertar las citas con Sacyr que dieron lugar al pago de los 200.000 euros.