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Jueces y registradores llevarán a medias el Registro Civil hasta 2017

El Gobierno sacará a concurso la nueva plataforma digital en los próximos tres meses

Colas en el Registro Civil de Madrid, en 2010.
Colas en el Registro Civil de Madrid, en 2010.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto ley por el que se delega en los registradores mercantiles la gestión del Registro Civil, que ahora llevan los jueces. Ese cambio de manos (solo de gestión, porque la titularidad seguirá siendo pública) se hará en varias fases: hasta julio de 2015 todo seguirá igual, mientras se desarrolla una nueva plataforma tecnológica para informatizar los trámites; entre julio de 2015 y enero de 2017, los registradores se harán cargo de las nuevas inscripciones pero los jueces y funcionarios judiciales continuarán expidiendo las copias de certificados antiguos y colaborando en la reorganización del servicio. A partir del 1 de enero de 2017, el Registro Civil será íntegramente gestionado por los registradores mercantiles, según ha explicado el subsecretario de Justicia, Juan Bravo. Todos los trámites seguirán siendo gratuitos para el ciudadano.

El Registro Civil, donde los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, etcétera, realiza 3,3 millones de trámites al año. De las 5.600 personas (440 jueces, cerca de 400 secretarios judiciales y 4.800 funcionarios judiciales) que lo gestionan ahora se pasará a una plantilla de apenas 1.600: los 120 registradores mercantiles que hay en España y su personal contratado. Y de 440 oficinas se pasará a 60. Bravo sostiene que eso no será un problema: alega que, al informatizar el servicio, todo se agilizará. De hecho, el compromiso del ministerio es que, cuando el sistema esté a pleno rendimiento, para el "80% de los trámites" los ciudadanos "no tendrán que acercarse físicamente al registro", porque el intercambio de documentación será directamente entre administraciones.

Esa plataforma tecnológica, que Justicia sacará a concurso en los próximos tres meses, tendrán que pagarla los registradores mercantiles, aunque será "de titularidad pública", ha dicho Bravo. También será pública la gigantesca base de datos que reunirá los datos de todos los ciudadanos, y para la que el ministerio quiere diseñar unas medidas de seguridad "extremas". El real decreto señala que el Servicio Civil "seguirá siendo gratuito, sin excepción de ningún tipo".

El cambio de gestión del Registro Civil ha sido criticado por partidos de oposición y sindicatos, que ven en él un paso hacia la privatización, algo que el Gobierno niega. Los registradores mercantiles son funcionarios, aunque de un tipo particular: acceden por oposición y dependen del Gobierno, pero no cobran un sueldo público sino aranceles a sus clientes, y contratan a sus propias plantillas. El Colegio de Registradores ha reiterado hoy su "absoluta disconformidad con la decisión del Gobierno", esto es, obligar a los registradores mercantiles a asumir el Registro sin cobrar por ello, y a costear además la inversión tecnológica. Por otro lado el Colegio teme que se vaya a provocar un cisma en el cuerpo de registradores, entre los de la propiedad y los mercantiles, porque el decreto ley establece que estos últimos tendrán que integrarse en una "nueva corporación de derecho público".

Puestos de trabajo en riesgo

El colectivo de secretarios judiciales y los sindicatos CSI-F y CC OO también han arremetido contra el cambio de gestión del Registro. No solo porque temen la privatización a medio o largo plazo sino porque sostienen que acabará con miles de puestos de trabajo.  El subsecretario de Justicia ha afirmado que en los próximos días se aprobará una "norma complementaria" en la que explicará cómo se reubicará a los funcionarios judiciales que dejen de trabajar en el registro, y ha asegurado que todos los puestos de trabajo, funcionarios e interinos, que dependen del ministerio se mantendrán.

La mayor parte de los puestos de trabajo, sin embargo, dependen de las comunidades, porque la Administración de Justicia está transferida a todas las comunidades menos a cinco (Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Baleares y Murcia). De los 4.800 funcionarios judiciales que realizan ahora labores de Registro Civil, unos 3.400 dependen de las comunidades autónomas, y 700 de estos son interinos.

Inscripción inmediata de medidas cautelares

V. G. C.

Desde enero de 2015, cualquier medida cautelar contra un acusado que adopte un tribunal en el curso de un procedimiento judicial será grabado de forma inmediata en el Registro Central de Medidas Cautelares (para que desde ese momento tengan conocimiento jueces, fiscales y fuerzas de seguridad), sin necesidad de esperar a que la medida le sea comunicada al imputado como ocurre ahora. Así, el Gobierno pretende evitar "situaciones de riesgo para la víctima", como las que se dan cuando la notificación al imputado no es posible porque está en paradero desconocido.

Ese registro inmediato de la medida cautelar, que ya se aplicaba en casos de violencia machista, se extiende ahora al resto de delitos, según figura en el real decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros y en el que se modifica la regulación del "sistema de registros administrativos de apoyo a la administración de justicia", una red interna de registros (no pública) que sirve de apoyo a jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y otros órganos administrativos. En ese mismo decreto se establece que las comunicaciones judiciales con la Dirección General de Tráfico (por ejemplo, una pena por seguridad vial) serán por vía telemática y no en papel; se crea un fondo documental de requisitorias (órdenes de búsqueda) accesible desde cualquier órgano judicial, y se regula que cuando un ciudadano de la UE solicite un certificado de antecedentes penales español estará obligado a tramitar también el certificado de penales de su país de origen.

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