Los anarquistas que pusieron una bomba en el Pilar, procesados por terrorismo

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado auto de procesamiento contra Mónica Andrea Caballero, alias Moniquita, y Francisco Javier Solar Domínguez, alias Cariñoso, por tres delitos: pertenencia a organización terrorista, estragos terroristas con resultado de lesiones graves y conspiración para la comisión de otro delito de estragos terroristas. Este último está vinculado a su intención de colocar otro artefacto en el Monasterio de Montserrat (Barcelona).

La policía los había detenido el pasado mes de noviembre en un piso el barrio del Carmel de Barcelona, junto a otras tres personas, como supuestos autores del atentado con bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza del pasado 2 de octubre. El artefacto estaba compuesto por una bombona de butano, dos kilos de pólvora negra y un reloj activador para hacer estallar la nave central del altar mayor. La onda expansiva ocasionó daños a 26 metros de alcance y heridas a una persona. En el momento de la explosión había al menos 50 turistas en su interior que resultaron ilesos.

Según el auto, los detenidos avisaron de la colocación del artefacto como parte de la organización terrorista GAG/FAI/FRI.  Señalaban a la Iglesia como objetivo terrorista, y en concreto la basílica del Pilar de Zaragoza por ser "símbolo de la Hispanidad, del dominio colonial sudamericano y patrona de la Guardia Civil". Las llamadas de advertencia no se realizaron a los medios de comunicación, "pues solo se avisó a un centro de estética (18 segundos) que lo tomó a broma y no llamó a la policía". 

El auto señala que los detenidos están vinculados a FAI / FRI, una organización terrorista de carácter internacional "creada a partir de la ideología anarquista insurreccionalista". El insurreccionalismo, explica el juez, "es una rama del anarquismo que se resume en la idea de atacar al Estado en cualquier lugar siempre que sea posible". Dentro de esta organización ambos pertenecen presuntamente a los llamados Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), que estarían asumiendo "la revuelta popular y la agitación en la calle como técnicas de lucha válidas y necesarias para combatir el sistema". Entidades bancarias, oficinas de trabajo temporal, partidos políticos o instituciones religiosas entrarían dentro de los objetivos de este grupo.

El escrito del juez señala también que en la actualidad, los colectivos anarquistas se caracterizan por tener "estructuras jerarquizadas", y a diferencia de otras organizaciones terroristas "convencionales", se están agrupando "de manera informal, en foros, federaciones o grupos que sirvan de plataforma para expandir sus reivindicaciones". Esta característica, junto a la marginalidad, habrían contribuido a consolidar su estructura. El juez les ha requerido una fianza a cada uno de 60.000 euros.

La Comisaría General de Información, que ejecutó la operación, los considera autores materiales del atentado. Ambos, de nacionalidad chilena, habían eludido un proceso en su país por un error procedimental y se refugiaron en España. Los dos fueron acusados, procesados y condenados por participar en hasta 30 actos de violencia en Chile entre el 18 de enero de 2006 y el 16 de octubre de 2008. Una de las acciones llevadas a cabo por la organización a la que presuntamente pertenecen fue la colocación de un artefacto explosivo el 21 de noviembre de 2009 en la iglesia de Los Sacramentos, en Santiago de Chile (Chile).

El juez ha dejado sin efecto la imputación de los otros tres detenidos en esa misma operación.