El Poder Judicial censura al fiscal que descalificó al juez del ‘caso Nóos’

La batalla, jurídica y personal, que libran el instructor del caso Nóos, José Castro, y el fiscal que destapó la supuesta trama corrupta dirigida por Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, se ha trasladado al máximo órgano de Gobierno de los jueces. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros han sido elegidos a propuesta de los partidos (PP, PSOE, IU, CiU y PNV), aprobó ayer por unanimidad un insólito comunicado en el que censura las descalificaciones contra el juez Castro que deslizó el fiscal Pedro Horrach en el recurso presentado contra la imputación de la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales.

El fiscal Pedro Horrach recibió la pasada semana el apoyo de su jefe, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, a su recurso y a su actuación “coherente” en el caso Nóos. El Gobierno de los jueces reclama en su nota “respeto institucional en los escritos procesales”, en una alusión directa y crítica hacia el recurso presentado por el ministerio público en la causa de la imputación a la infanta Cristina.

“El Consejo General del Poder Judicial”, señala el comunicado, “debe advertir ahora que la utilización en escritos o alegaciones procesales de expresiones que puedan sembrar dudas sobre la objetividad e independencia de los jueces y magistrados en el ejercicio de sus cometidos, más allá de la legítima y necesaria crítica a las resoluciones judiciales, no contribuye a reforzar la confianza de los ciudadanos en la justicia”. Y concluye: “Por esta razón, el Consejo General del Poder Judicial considera necesario solicitar de todas las partes en cualesquiera tipo de procesos y actuaciones judiciales, que no utilicen expresiones que puedan desacreditar, injustificadamente y al margen de las consideraciones jurídicas del procedimiento, la labor jurisdiccional de los/las jueces y magistrados”.

El gobierno de los jueces pide “respeto institucionalen los escritos”

La decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se produce a raíz de la petición cursada por seis vocales progresistas para responder a las descalificaciones contra el juez Castro contenidas en el escrito del ministerio público.

El fiscal Horrach sostiene en su recurso que el juez Castro ha manejado para construir su imputación contra la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales “datos equívocos para construir unos hechos con apariencia delictiva” con lo que corre el riesgo de caer “en la mera especulación cuando no la pura ficción”.

Horrach considera que la imputación se basa en “simples suposiciones sin indicio incriminatorio alguno” y atribuye al juez despreciar “indicios de notable fuerza exculpatoria” a favor de la Infanta. El instructor, concluye el fiscal, tenía “el puerto de destino determinado antes de iniciar la investigación”, y relegó “los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia” que deben presidir la instrucción.

Sembrar dudas sobre la objetividad hace desconfiar en la justicia

El juez José Castro se quejó públicamente tras conocer el escrito del fiscal Horrach, con el que ha compartido en los últimos años múltiples investigaciones contra tramas corruptas de Baleares, y le retó públicamente a presentar una querella contra él por prevaricación: “Si cree en lo que ha escrito, es lo que debería hacer”. Aunque el magistrado no solicitó el amparo al Poder Judicial ante las descalificaciones que le ha dedicado el fiscal, el <TB>gobierno de los jueces salió ayer en su defensa.