El PP aprueba en solitario el aforamiento exprés y total de Juan Carlos I

El PP ha sacado adelante en solitario en la comisión de Justicia del Congreso el aforamiento del Rey Juan Carlos, las reinas Letizia y Sofía y la Princesa de Asturias. La protección legal que hará que todas las causas civiles y penales contra ellos sean vistas por el Tribunal Supremo se incluye en dos enmiendas a la ley de racionalización del sector público que regula los permisos de los jueces, es decir, que trata de un asunto ajeno en principio a la familia real.

Están en contra IU, PNV y Grupo Mixto. Se han abstenido PSOE y CiU. Y solo han defendido la reforma legal los diputados del PP. El procedimiento de trámite parlamentario exprés impuesto por el PP seguirá el jueves en un Pleno extraordinario forzado por el grupo mayoritario, pero ya no se debatirá ni votará la enmienda concreta, sino el conjunto de la norma. Culminará la próxima semana en el Senado con su aprobación definitiva que obligará a que todas las causas referidas a esos miembros de la familia real sean remitidas al Tribunal Supremo.

Todos los grupos han criticado con dureza la gestión que ha hecho el PP de este asunto, coincidiendo en que no era el procedimiento legislativo adecuado y que las prisas solo sirven para "levantar sospechas y desconfianza entre los ciudadanos". Pero la mayoría absoluta del PP ha rechazado el intento de bloquear la aprobación de las enmiendas por supuestos errores de procedimiento y ha dado vía libre a su aprobación.

Por ejemplo, la socialista Meritxel Batet ha lamentado que se "evite el debate, función última del Parlamento, usurpando a la Cámara la posibilidad de deliberación". La diputada ha citado hasta cinco sentencias del Tribunal Constitucional que exigen que las enmiendas sean congruentes con el objeto de la ley en el que se incluyen. Ha explicado que hubiera sido conveniente "hacer una ley orgánica con un debate sereno, riguroso y de calado". En ese debate, según explicó, debería introducirse el de la conveniencia de mantener el actual número de aforados y los distintos grados de protección.

Los miembros de la familia real tendrán aforamiento para asuntos privados, mientras que, por ejemplo, los parlamentarios y los ministros solo para asuntos penales mientras ocupan el cargo y los civiles que tengan que ver con su actividad pública.

Sobre la forma, la socialista ha apoyado el recurso de Gaspar Llamazares (IU) para quien se ha incumplido el reglamento que exige que transcurran 48 horas entre la presentación de las enmiendas y la tramitación en ponencia. En este caso, se presentaron el viernes y se tramitaron el lunes, teniendo en cuenta que el domingo no es día hábil. Pero, la mayoría absoluta del PP en la mesa de la Comisión ha rechazado el recurso por entender que el reglamento permite recortar esos plazos.

El debate de hoy no fortalece a la institución monárquica Jordi Jané, diputado de CiU

Sobre el fondo, la portavoz del PSOE se ha limitado a decir que estarían dispuestos a estudiar el aforamiento de la familia real, pero con un matiz: que solo se refiera al ejercicio de sus funciones. La enmienda del PP aprobada extiende a los miembros de la familia real un aforamiento que no tiene nadie en España porque se refiere a asuntos civiles privados.

El diputado de CiU, Jordi Jané, ha sostenido la abstención de su grupo en lo que considera "una falta de respeto institucional" por la vía utilizada. Sobre el fondo ha cuestionado que se pueda aforar a quien no tiene ya cargo. "El debate de hoy no fortalece a la institución monárquica" y provoca "un desapego institucional que no nos conviene", ha asegurado el diputado de CiU.

Mucho más duros en el rechazo han sido los portavoces de PNV, IU y UPyD. Así, Emilio Olabarría, diputado del PNV, ha hablado del "dudoso procedimiento" que "levanta suspicacias" y la "naturaleza universal" del aforamiento. En su opinión llevarlo a cabo, con esta "celeridad que está levantando suspicacias le hace un flaco favor al Rey abdicado" y porque el aforamiento del que se le provee "es más potente que el previsto para los aforados por la normativa actual, es de naturaleza universal".

Olabarría ha hablado de "sombras de sospecha" y de "extravagancia jurídica" por el carácter retroactivo de este aforamiento. En esta línea, el diputado de IU Gaspar Llamazares ha calificado el proceso de "esperpento", de "aforamiento excesivo, vitalicio y retroactivo" y de sospechas por las prisas. También ha asegurado que no es posible el aforamiento de quien ya no tienen cargo alguno y menos si se extiende a la vida privada del Rey Juan Carlos. Llamazares ha ligado el aforamiento de la familia real a las actuaciones judiciales por el caso Nóos: "Lanza el mensaje de que a mí no me juzga el juez Castro".

La diputada de UPyD Irene Lozano ha sostenido su rechazo en la crítica a la existencia de 10.000 aforados, instando al PP y al Gobierno a acometer ya una reducción drástica a los estrictamente recogidos en la Constitución y el compromiso de reforma de esta para eliminar todos los privilegios procesales.

Este aforamiento lanza el mensaje de que a mí no me juzga Castro Gaspar Llamazares, diputado de IU

Según Lozano, el aforamiento supone un "desprecio y una desconfianza" a los jueces a los que se somete el resto de ciudadanos, en favor de un Tribunal Supremo cuyos magistrados tienen que ver con los partidos mayoritarios, dando imagen de impunidad. Sobre el procedimiento, la portavoz de UPyD ha asegurado que "se le hace un flaco favor al rey Juan Carlos", al crear un "aforamiento plus" que alcanza su vida privada. "Cuando hablamos de los aforamientos tenemos que hablar de la corrupción", ha asegurado.

Por el PP ha defendido las enmiendas el portavoz de Justicia, José Miguel Castillo Calvín, para quien España tienen una "impagable gratitud" con el rey Juan Carlos. Castillo se ha referido al informe del Consejo General del Poder Judicial que recomendaba este aforamiento y ha defendido el procedimiento con precedentes usados en su momento por el PSOE cuando estaba en el Gobierno. Por ejemplo, en 2009 con el recorte de la justicia universal a través de una enmienda en el Senado a la ley de la oficina judicial.

El portavoz de Amaiur en la comisión de Justicia, Sabino Cuadra, aseguró que se pretende "blindar el pasado, presente y futuro" de don Juan Carlos con un proceso que es una "chapuza en toda regla" y que "la varita mágica de la mayoría absoluta del PP convierte en ley el absurdo jurídico".