El Supremo limpia a Barcina de las acusaiones de corrupción

El Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada por el sindicato ELA y la asociación de consumidores Kontuz contra la presidenta del Gobierno navarro, Yolanda Barcina, de UPN, y su vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, a las que acusaban de corruptelas en la Hacienda foral.

La Sala de lo Penal considera que los hechos denunciados no tienen relevancia penal y rechaza que supongan la comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación, violación de secretos y actividades prohibidas a los funcionarios.

La querella pedía que se investigasen las responsabilidades en las que podrían haber incurrido ambas después de que la exdirectora de la Hacienda foral Idoia Nieves relatara ante el Parlamento autónomo que su dimisión se debía a “injerencias en grado de tentativa” por parte de Goicoechea.

Nieves se refirió a supuestas intercesiones en inspecciones a una empresa a la que la consejera asesoró antes de entrar en política. Explicó que, durante un almuerzo, la vicepresidenta le solicitó una copia del Plan de Inspección con el fin de conocer con antelación si entre los contribuyentes seleccionados se encontraban clientes de su asesoría fiscal, a lo que la primera se negó. Los denunciantes consideraron que Barcina estaba al corriente de lo sucedido.

El Supremo descarta el tráfico de influencias alegando que “las gestiones que, aunque ejerzan una presión moral indebida, no se dirijan a la obtención de una verdadera resolución”, quedan fuera de ese tipo delictivo. Pese a ello, las califica de “conductas moralmente reprochables que puedan constituir infracciones disciplinarias u otros tipos delictivos”. Además, sostiene que las presiones que pudieran haber ejercido la presidenta y la consejera de Economía sobre su directora de Hacienda “se encuadran en el marco de las relaciones y canales de comunicación que, por razón de sus respectivos cargos, debían mantener”.

Así, considera sobre la vicepresidenta que, “aun cuando fueran ciertas las actuaciones que se le imputan, estas no serían penalmente relevantes”, ya que la presión no fue “de entidad suficiente como para alterar el trámite de valoración que correspondía ejercer a la misma en el ejercicio de sus funciones, alterando de esa forma su proceso de decisión”.

Las acusaciones de corrupción provocaron una importante crisis en Navarra, donde la formación de Barcina gobierna en minoría.

Después de una comisión de investigación parlamentaria que consideró probadas las “injerencias en grado de tentativa”, los socialistas del PSN reprobaron a la presidenta foral y pidieron su dimisión. El informe de conclusiones de la comisión aseguraba además que la actuación de Barcina y de su consejera coincidía con la definición que el Diccionario de la Real Academia Española hace de la palabra “corrupción”: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.

Barcina se negó a dimitir, pese a que se lo reclamó la mayoría del Parlamento foral, y mantuvo en su puesto a Goicoechea al considerar que no había cometido “ninguna irregularidad”, tal como dijo.

La respuesta del PSN fue anunciar una moción de censura que la dirección federal socialista le prohibió presentar porque hubiese precisado para salir adelante del apoyo de Bildu.