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EL REY ABDICA

El Gobierno confirma que el Rey tendrá total protección jurídica civil y penal

La vicepresidenta subraya que la ley sigue sin tener fecha de aprobación

El PSOE aún no ha sido informado de una norma que necesitaría un amplio consenso

El Gobierno ha confirmado que trabaja en una ley para que don Juan Carlos, cuando deje de ser rey, tenga un aforamiento total para causas penales y civiles, algo superior al que suelen tener los políticos, tal y como como publica EL PAÍS. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apuntado esta idea en la respuesta a una pregunta sobre el asunto tras el Consejo de Ministros, “en nuestro ordenamiento el aforamiento ante el Tribunal Supremo se centra en esos dos órdenes”, penal y civil, señaló. Después, fuentes del Gobierno confirmaron con claridad que se trabaja en una norma que incluya el aforamiento penal y civil. El matiz es importante porque el Rey Juan Carlos ha sufrido demandas de paternidad que no han sido admitidas precisamente por una inviolabilidad que ahora va a perder.

Una semana más, la vicepresidenta no ha trasladado una especial urgencia y ha recordado que el Rey mantendrá a partir del día 19, cuando deje de serlo, la inviolabilidad para los asuntos relacionados con sus 39 años de reinado. Cuando se le ha preguntado por qué esta ley no está lista todavía, si en teoría la abdicación y sus consecuencias se llevan preparando en gran secreto desde marzo por un equipo dirigido por ella, la vicepresidenta ha contestado con otra pregunta: ¿por qué no se ha hecho una ley de abdicación en estos 35 años?. “No está regulado porque no lo ha estado en 35 años”; ha explicado. En cualquier caso ha dejado claro que lo van a hacer. “No tiene sentido que diversas instituciones tengan aforamiento y quien ha reinado en España no”, explicó.

La ley de aforamiento del Rey se lleva con gran secreto por parte de la vicepresidencia, y pese a las reiteradas preguntas no ha querido decir cuándo estará lista. Lo más rápido sería buscar una iniciativa del propio Grupo Popular. En cualquier caso todo requiere tiempo, y sobre todo acuerdo con otros grupos, en especial el PSOE.

La vicepresidenta ha confirmado que aún no se han puesto en contacto con ellos. Es una cuestión importante porque en pleno debate interno del PSOE, y después de los esfuerzos que tuvo que hacer Alfredo Pérez Rubalcaba para que su grupo votara en bloque a favor de la abdicación, este asunto puede introducir un nuevo elemento de tensión. Por eso, y pese a la urgencia que se ha trasladado desde La Zarzuela, han pasado ya dos semanas y la ley sigue sin aparecer.

Lo que sí ha aprobado el Consejo de Ministros es otra consecuencia de la abdicación pero mucho más sencilla de gestionar: los títulos y honores del Rey Juan Carlos y la Reina Sofía cuando dejen de serlo. Ambos seguirán siendo tratados de forma vitalicia como rey y reina y serán tratados como “majestad”. Tendrán honores “análogos a los de los Príncipes de Asturias” y en los actos protocolarios se colocarán en un lugar “inmediatamente posterior al de los príncipes herederos”. Esto es, por detrás de la princesa Leonor, su nieta. “Queremos que el día 19 esté todo perfectamente organizado y resuelto”, ha explicado la vicepresidenta.

Sáenz de Santamaría ha despachado rápidamente otros asuntos de actualidad. De la ley del aborto no ha querido aclarar nada, ni siquiera ahora que ya son públicos los informes del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. Se ha limitado a contestar en varias ocasiones que los estudiarán sin aclarar si incluirán un nuevo supuesto por malformación fetal.

También ha dejado muy cerrada la puerta de una reforma constitucional. Se le preguntó por las palabras de Josep Antoni Duran, que señala que si Rajoy no hace algún gesto pronto la situación en Cataluña “va a reventar” pero ella ha insistido en que CiU conoce la posición del Gobierno, del Congreso y del Tribunal Constitucional en contra de la consulta catalana. Y de la reforma constitucional explicó que el debate de la abdicación dejó claro que hay en la Cámara posiciones muy diferentes sobre qué tipo de reforma se quiere hacer, por lo que no hay el consenso necesario para iniciar el proceso, en opinión del Gobierno. “Uno tiene que tener muy claro dónde se va”, ha asegurado.

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