El CGPJ debate dividido su postura sobre la reforma de la ley aborto

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá hoy en un pleno monográfico los dos informes sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada que encargó a la conservadora Carmen Llombart y a la progresista Pilar Sepúlveda, así como las alegaciones que cuatro vocales han presentado a los mismos.

El objetivo, definir la postura que el órgano consultivo trasladará al Gobierno sobre la reforma.

Aunque en algunos aspectos ambos informes son diametralmente opuestos, —Sepúlveda pide directamente la retirada de la reforma mientras Llombart, recomienda cambios puntuales—, hay asuntos en los que ambas vocales coinciden: apuestan por despenalizar el aborto eugenésico y desligarlo del daño psicológico a la madre y piden simplificar los trámites que la gestante debe completar para interrumpir su embarazo legalmente.

El previsible respaldo al informe de Llombart por parte de los once vocales designados por el PP, que integran el sector mayoritario en el Consejo, podría hacer pensar a priori en que este será el texto que finalmente si apruebe. No obstante, hay que tener en cuenta el juego que pueden dar las alegaciones presentadas a los dos dictámenes, cuya inclusión también será sometida a debate.

El texto que llegará al Ministerio de Justicia debe ser aprobado por mayoría simple de los 21 miembros del Pleno, que está integrado por los veinte vocales (11 designados a propuesta del PP, 6 por el PSOE y el resto a instancias de IU, PNV y CiU), además del presidente, Carlos Lesmes.

La actual Ley no tuvo informe

El CGPJ tratará de que en esta ocasión no se llegue a lo que ocurrió en julio de 2009 cuando el CGPJ fue incapaz de sacar adelante su informe sobre la actual Ley del aborto al no lograr ninguno de los dos textos presentados la mayoría suficiente para ser aprobados. Fue la primera vez que una iniciativa legislativa del Gobierno no pudo ser informada por este órgano consultivo.

En relación con la ley auspiciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, los dos textos que se estudiarán hoy coinciden al afirmar que si el feto es incompatible con la vida no hay conflicto de intereses, pues "el concebido en estas condiciones no podría ostentar la condición de nasciturus" ni, por tanto, acogerse a la protección constitucional que éstos tienen.

Además, la vocal conservadora razona que debería darse por sentado que el conocimiento de la inviabilidad fetal causará dolor a la madre, en lugar de imponer a la mujer "una carga más" al exigirle que pruebe el daño psicológico que padecerá por parir un niño inviable.

Voto en contra de despenalizar la eugenesia

El voto particular presentado por la vocal Nuria Díaz al informe de Llombart es discrepante con este punto y afirma, citando al Comité de Bioética, que la despenalización del aborto por anomalía fetal "es una norma discriminatoria que atenta contra la Constitución española y contra la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que perpetúa el enfoque inadmisible de la discapacidad".

Esta alegación, cuya incorporación al informe será también sometida a votación, dice que despenalizar la eugenesia desligada del efecto en la madre o de la inviabilidad del feto, permitiéndolo ante taras físicas o psíquicas, le deja "completamente desprotegido y supone una violación de los compromisos internacionales del Reino de España en materia de protección de la discapacidad".

El otro gran punto de acuerdo entre los dos informes del CGPJ es la "desproporción" de los trámites diseñados por el Ministerio de Justicia para que la gestante aborte legalmente. Tanto Llombart como Sepúlveda consideran que exigir dos informes probatorios del daño psicológico emitidos por médicos distintos a los que practican el aborto y que no trabajen en el centro sanitario donde se realice, es excesivo.

"Parece suficiente con el informe emitido por dos médicos, distintos del que practique la intervención, sin que sea preciso acudir a un facultativo externo al centro o establecimiento médico en que se realizará la interrupción del embarazo", dice Llombart, para advertir de que la circunstancia "se agrava singularmente en el caso del peligro grave para la salud psíquica de la mujer por anomalía fetal incompatible con la vida".

Sepúlveda apunta que esta exigencia es "desproporcionada al fin perseguido", y advierte de que los informes "pueden convertirse en un trámite gravoso y oneroso, incluso económicamente, con consecuencias en las mujeres en peores circunstancias socioeconómicas que incluso imposibilite que puedan acogerse a la previsión legal aunque se encuentren en el supuesto de hecho".

Retirar o no retirar la reforma

El informe de la vocal conservadora no pide directamente la retirada del anteproyecto, aunque expone deficiencias tanto en la redacción como en el contenido, como que "se echa en falta que no contenga una política general, integral de protección de la maternidad". El de la progresista, sin embargo, es taxativo: recomienda dar marcha atrás "en pura oportunidad y prudencia jurídica y política" en espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley ahora vigente.

En este sentido van los votos particulares que Mercè Pigem y Enrique Lucas, por un lado, y Fernando Grande-Marlaska, por otro, han presentado al informe de Sepúlveda. Todos recomiendan al Gobierno que espere al Constitucional, por tratarse de una materia sensible y por una cuestión de seguridad jurídica.

"Como nos encontramos ante la regulación de una materia donde los valores que conforman la ética cívica (de mínimos) pueden ser reinterpretados, aun cuando no debiera, por el legislador en extremos de máximos, difuminando su alcance, conjugándose al día de hoy una legislación que no consta violenten los mismos (ética pública), la única forma de garantizar esta última, y específicamente el valor de seguridad jurídica, no sería otra que estar al pronunciamiento del TC sobre la Ley Orgánica 2/2010", dice a este respecto Grande-Marlaska.