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Primer golpe policial contra una web de apuestas deportivas por estafa

Un padre y tres de sus hijos se apropiaron supuestamente de medio millón de euros de 400 usuarios

Imagen de la web desde la que se perpetró la estafa.
Imagen de la web desde la que se perpetró la estafa.

La primera operación policial contra una casa online de apuestas deportivas en España se ha saldado con las detenciones de un hombre y tres de sus hijos en Burgos y Benidorm. Los agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) les acusan de haber estafado a más de 400 personas casi medio millón de euros. La web 21kbet.com cesó su actividad de forma inesperada y sin previo aviso a los usuarios registrados, apropiándose los arrestados supuestamente del dinero que los jugadores tenían depositado en la plataforma.

La investigación arrancó tras recibirse en enero de 2013 una denuncia interpuesta por la Asociación de Víctimas del Fraude del Juego Online, con sede en Pozuelo de Alarcón, en representación de 21 usuarios de España, Portugal y Estados Unidos. Esta web, a través de la que se podían hacer apuestas de partidos de fútbol, baloncesto, balonmano y otros deportes, funcionó desde junio de 2011 al mismo mes de 2012. En ese tiempo, más de 4.000 usuarios de todo el mundo hicieron uso de este portal de apuestas,que tuvo transacciones por importe de 7,5 millones de euros.

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La web cerró posiblemente porque entró en la plena ilegalidad cuando el Gobierno dictó el real decreto 1611/2011 que regulaba el juego online y que obligaba a las empresas que se dedicaran a esta actividad a hacer desde un dominio en España, no en el extranjero.

Los detenidos operaron en este año mediante una empresa ficticia que inscribieron en Burgos con documentación falsa. Paralelamente, los cuatro contrataron supuestamente servicios con  intermediarios financieros internacionales y con entidades bancarias españolas.

La policía tropezó con una primera dificultad en sus investigaciones: la web se había esfumado y no había rastro de ella en internet. A través de herramientas tecnológicas, los agentes lograron recuperar parte de esa web y así encontraron pistas que les condujeron hasta Suiza y Polonia, donde están ubicadas las empresas legales con las que la web tenía contratadas las plataformas de juego online y que daban soporte a esta casa de apuestas deportivas.

La empresa de Polonia facilitó a la policía la base de datos que contenía una relación de 4.112 clientes de la casa de juegos sospechosa. Así se descubrió que 240 usuarios habían sido estafados, al ponerles a cero el contador de su cuenta, y a otros 355 perjudicados a los que los estafadores no les permitían retirar el dinero que habían depositado a través de tarjetas Visa u otros medios de pago electrónico. En total, casi 500.000 euros volatilizados.

Correo enviado a un apostante que reclamó la devolución del dinero.
Correo enviado a un apostante que reclamó la devolución del dinero.

La compañía web realizaba una estrategia comercial agresiva y "muy atractiva" para captar jugadores, ya que ofrecían "bonos de bienvenida" de hasta 1.000 euros de saldo. "La práctica comercial y las denuncias de varios usuarios pusieron de manifiesto que, en muchos casos, estas promociones eran solo un señuelo que el jugador nunca llegaría a retirar", ha declarado el inspector jefe Roberto Fernández Alonso, responsable de la sección operativa de redes de la UIT.

Los delincuentes eran igualmente agresivos con los clientes que, al advertir la estafa, les reclamaban el dinero. Se comunicaban a través del correo oficina-robos@kbet.com. A uno de los perjudicados le escribieron: "Nosotros no te robamos el dinero. Te lo cojemos prestado hasta que nos de la puta gana".

Los detenidos son Ventura P. L., de 68 años, y sus hijos Enrique P. A., Jorge P.A. y Óscar P. A. El padre y uno de sus hijos tenían antecedentes policiales por estafas. La policía no ha encontrado dinero en su poder, por lo que no sabe el uso que han dado a sus ganancias. Todos están en libertad con cargos de estafa y falsedad en documento público, mientras el tribunal Supremo dirime qué juzgado se encarga de tramitar el sumario.

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