La justicia dictamina que los negocios de Bauzá son compatibles con su cargo

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha dictaminado hoy que José Ramón Bauzá, del Partido Popular, puede ser presidente del Gobierno balear y, a la vez, propietario de un negocio de farmacia en la comunidad. La sentencia de la sala contenciosa administrativa, formada excepcionalmente por cinco magistrados, fue adoptada por tres votos contra dos.

Los jueces Fernando Socías, Alicia Ortuño y Carmen Frígola creen que Bauzá “se limita a ser titular de un patrimonio económico que, obviamente genera beneficios, pero sin que dicha propiedad sea causa de incompatibilidad”. En su sentencia aseguran que el presidente balear está amparado al tener sustituto en la botica y en que sus empresas no facturan ni contratan con la Administración. En 2008 el mismo Tribunal Superior decidió que una farmacéutica y consejera de Salud, del PSOE, Aina Salom, si era incompatible.

El presidente de la sala Gabriel Fiol y el juez Pablo Delfont, expresan sus dos votos particulares, discrepantes, a favor de sentenciar la incompatibilidad de Bauzá. Rebaten la que llaman “sentencia mayoritaria”, aluden a tres leyes baleares sobre el caso y a interpretaciones que creen forzadas de la jurisprudencia del Supremo sobre funcionarios que no eran políticos.

El magistrado Delfont señala en estos casos "las cautelas se refuerzan" para no frenar el cumplimiento de deberes o comprometer la imparcialidad del cargo público. El juez Delfont subraya que la ley “ básicamente (es) para evitar en la medida de lo posible perniciosos efectos como, por ejemplo, los siempre indeseables efectos de las maniobras alrededor de la conocida técnica de “la puerta giratoria”, el pase de la vida pública a la privada, la confusión de intereses.

Los negocios y el patrimonio del líder del PP balear son objeto de debate político y pleitos desde hace tres años, poco después de ser elegido, en 2011, con mayoría absoluta. Bauzá articuló un mensaje de ruptura con los escándalos del pasado de la época de Jaume Matas y marginó a los imputados de las listas de su grupo.

La sentencia judicial, recurrible ante el Tribunal Supremo, responde a una demanda civil formulada por los diputados de la oposición, del PSOE y los econacionalistas de Més, que consideraron que el presidente vulnera la ley balear de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos. Mabel Cabrer, portavoz del PP, ha reaccionado a la sentencia exigiendo a los líderes de la izquierda que "pidan disculpas y perdón" a Bauzá y al PP por "la campaña de difamación, calumnias y persecución personal".

Bauzá afirmó en todo momento que estaba dentro de la legalidad y el PP acusó a la izquierda de querer “ensuciar su imagen” con una “campaña de acoso y derribo”. El vicepresidente del Gobierno regional, Antonio Gómez, dijo el martes en el Parlamento que al presidente le “adorna” la más absoluta legalidad.

El marco legal balear señala que el presidente y los consejeros no podrán compatibilizar sus cargos con otra profesión o actividad, “por sí o mediante sustitución o apoderamiento”. Tampoco podrán “percibir cualquier otra remuneración que no sea la que corresponde al cargo o puesto de trabajo del que se derive la incompatibilidad".

Tras la primera acción administrativa de la oposición ante el propio Gobierno balear del PP, el Ejecutivo decidió, con informes de los técnicos funcionarios, que Bauzá era compatible. La izquierda recurrió, entonces, ante el Tribunal Superior. El presidente refutó, sin éxito, la legitimidad de los diputados de la oposición para actuar contra él en su contra en este caso.

José Ramón Bauzá posee una oficina de farmacia y laboratorios con siete empleados, para cuya gestión nombró un sustituto. Fue alcalde y responsable de Urbanismo de Marratxí, donde abrió su portal de boticario antes de dedicarse a la política. El dispensario factura entre 1,1 millones y 800.000 euros anuales a la sanidad pública balear. Al estar la oficina ubicada al lado de un centro de acogida de personas mayores, la izquierda afirmó que el edil Bauzá participó en la modificación de la normativa urbana que facilitó la ubicación de la residencia, que genera buena parte de su negocio.

El PP ha vivido en este caso la réplica en propia carne de la campaña y acción judicial que en 2001 emprendió contra la entonces consejera balear de Salud del PSOE, la farmacéutica Aina Salom (1999-2003), que facturó medicamentos a un centro de mayores público por cerca de tres millones en cuatro años. En 2008 el Tribunal Superior dio la razón al PP y decidió que Salom era incompatible cuando ya no era consejera.

Bauzá, tras ser elegido presidente en junio de 2011, figuró en el Registro Mercantil, durante diez meses, como administrador y dueño de dos empresas particulares, su patrimonial Bauser y la vinoteca Divino, de la que es accionista. La izquierda le cuestiona también por esa actividad económica. El político lo atribuyó a un olvido de su asesor. Los econacionalistas de Més le denunciaron -sin éxito- ante la Fiscalía por haber nombrado gerente en la televisión pública Ib3 a una persona con la que tuvo negocios,

El político del PP tiene además inversiones inmobiliarias. Dice que solo mantiene la gestión pasiva de su patrimonio personal, la farmacia y “varios locales”. Tiene un chalé, un piso de lujo ante el mar en Palma, cuatro locales y un solar de 7.500 metros en una zona residencial. En sus declaraciones consta que afronta hipotecas. El PSOE afirmó en el Parlamento que paga 10.000 euros al mes a los bancos.

Baleares cuenta con una Ley de Ordenación Farmacéutica para el sector. El presidente y farmacéutico Bauzá sostuvo que su cargo no es ejecutivo, sino de mera representación del órgano ejecutivo, y que las decisiones relativas a la ordenación y gestión farmacéutica las adopta el consejero de Sanidad (farmacéutico sin oficina propia), que tiene las competencias para dictar órdenes o resoluciones.