La juez instructora levanta el secreto de sumario del asesinato de Isabel Carrasco

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de León, que investiga el asesinato de la expresidenta de la Diputación provincial Isabel Carrasco —que murió a tiros el pasado 12 de mayo—, ha decidido levantar el secreto de sumario. En la causa se encuentran imputadas la asesina confesa, Montserrat González, su hija, Montserrat Triana Martínez, y una policía local de la ciudad, Raquel Gago. "La juez considera que ya no existe obstáculo que pueda perjudicar la investigación de este presunto delito de homicidio", ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Castillo y León.

La instructora ha tomado declaración en el último mes a 22 testigos, entre ciudadanos que presenciaron los disparos, amigos de la policía local imputada y agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que participaron en la operación. Además, la juez ha analizado las llamadas telefónicas realizadas y recibidas por las imputadas, así como el posicionamiento de sus móviles. También se ha efectuado un registro en los domicilios de Montserrat Triana Martínez, la hija de la asesina confesa, y de Raquel Gago.

En la vivienda de la primera, la policía encontró una cantidad de droga que "hace suponer que no es para el consumo". Por ello, ante la posibilidad de que pudiera haberse cometido un delito de tráfico de drogas, la instructora ha informado al Decanato de León para que establezca qué juzgado debe aclarar si existe delito en la posesión de este estupefaciente, ya que se halló cuando se estaba investigando otro delito.

La juez ya recibió el informe final de la autopsia practicada al cadáver de Carrasco. Este indica que la causa inmediata de su muerte, el pasado 12 de mayo, aproximadamente a las 17.25 horas, se produjo por un "shock hipovolémico y destrucción de centros nerviosos superiores a consecuencia de impactos de proyectiles de arma de fuego corta". Este informe está respaldado por dos médicos forenses.

Por su parte, la magistrada espera recibir aún el informe balístico y la información resultante de los volcados de ordenadores y memorias informáticas. Todo ello, para continuar con una investigacion en la que la jueza tiene que decidir ahora si acepta la personación de la Diputación de León y el Partido Popular como acusación. Un proceso en el que se han personado miembros de la familia de Carrasco.

La ley establece un plazo de 30 días para mantener en secreto —también para las partes personadas en la causa, excepto el ministerio fiscal—, las actuaciones de la juez instructora. Este plazo termina mañana, día 12 de junio.