Gil Tamayo no duda de las “profundas convicciones religiosas” del Príncipe

No habrá misa oficial en la proclamación de Felipe VI el próximo 19 de junio pero la jerarquía católica no parece estar disgustada con ello. El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha recordado que en España “el marco legal no obliga a la ceremonia religiosa” –más bien al contrario, ya que la Constitución proclama la aconfesionalidad del Estado- al tiempo en que ha puesto énfasis en que el Príncipe es católico como su padre, que sí fue proclamado Rey en una ceremonia religiosa.

“Tengo absoluta certeza”, ha zanjado este lunes el portavoz de los obispos tras el acto de presentación de la memoria de actividades de la Iglesia en 2012, “de las profundas convicciones religiosas del heredero”. En su proclamación el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, don Juan Carlos juró “por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del reino y guardar lealtad a los Principios que informan el Movimiento Nacional”. Lo hizo frente a un crucifijo, y durante su discurso hubo además reiteradas referencias religiosas: “Pido a Dios su ayuda para acertar siempre en las difíciles decisiones que, sin duda, el destino alzará ante nosotros”, expresó. “El Rey, que es y se siente profundamente católico, expresa su más respetuosa consideración para la Iglesia”, apuntó también.

Don Felipe, que es católico, jurará la Constitución pero no celebrará una misa posterior, según La Zarzuela, para respetar la aconfesionalidad del Estado. El portavoz de la Conferencia Episcopal se ha manifestado, por otro lado, a favor de que el Rey mantenga el aforamiento tras la abdicación. Que el Monarca conserve esa protección jurídica, sostiene Gil Tamayo, se justifica en la “alta posición que ha ocupado” y porque así lo hacen otros países “de una vida democrática innegable”.

El aforamiento de don Juan Carlos, aprecia el portavoz de la Iglesia española, “redunda en el beneficio y la dignidad de todos”. No hay inquietud, por tanto, en los obispos con la religiosidad del heredero de la Corona, pero sí en la educación y en la presencia de la asignatura de Religión en las aulas, a pesar de que según su memoria de actividades han aumentado los centros católicos – en 2012 se crearon 155 más, hasta los 2.620 en todo el país- y suben los alumnos que asisten a ellos -6.985 más que el año anterior, hasta un total de 1.434.524-. La decisión del Ministerio de Educación de reducir a la mitad el horario de Religión en primaria en Ceuta y Melilla (los únicos lugares donde tiene competencia para elaborar el currículo, ya que son las comunidades las que lo desarrollan) y que han imitado algunas autonomías como Asturias, Canarias y Galicia, ha disgustado a la Iglesia, como ya reconoció la Asamblea de Obispos del Sur de España. “Nos preocupa”, ha matizado el portavoz de la Conferencia Episcopal, “y estamos intentando que sea considerado”.

Los obispos vieron colmadas muchas de sus aspiraciones con la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que eliminó la asignatura de Educación para la Ciudadanía, blindó la financiación pública de los colegios que segregan por sexo y reforzó Religión al imponer una alternativa y hacerla evaluable para todo, y así lo admite Gil Tamayo: “La LOMCE hizo una declaración de principios importante de respetar los acuerdos Iglesia- Estado”. Pero los decretos de desarrollo de la Ley Wert no han abundado en la mayor presencia de la Religión, que además no será definitivamente de oferta obligada en Bachillerato, como también reclamaban. “Lo que vemos es que un derecho que se reconoce formalmente en la práctica queda mermado”, se ha quejado su portavoz.

La memoria de actividades de la Iglesia en 2012, a la que están obligados a presentar en virtud del concordato económico firmado entre España y el Estado Vaticano en 1979, revela que esta institución recibió 1,4 millones de euros más que el año anterior de las contribuciones por IRPF. Un total de nueve millones de contribuyentes marcaron la X a favor de la Iglesia católica en su declaración, lo que supuso una asignación de la recaudación tributaria de 248,52 millones de euros, frente a los 247,10 millones del año anterior.

La Conferencia Episcopal asegura que lo que recibe del Estado solo supone el 25% de sus recursos, y que el 38% lo obtiene de las aportaciones directas y voluntarias de sus fieles, el 19% de otros ingresos corrientes (que no detalla), el 11% de los ingresos de patrimonio y un 5% de ingresos extraordinarios que tampoco precisa. El dinero se destina a actividades pastorales y asistenciales, a conservación de edificios y gastos de funcionamiento, a retribución del clero y otros extraordinarios, sin más detalle. “Queremos rendir cuentas del dinero que aportan los contribuyentes”, ha destacado Fernando Jiménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos, que ha reconocido que “todavía faltan cosas por contar”.

En total, la Iglesia gestiona un presupuesto de 807 millones de euros- 304 le llegan de las aportaciones de los fieles-, frente a los 830 millones de 2011. Y acumula un déficit de cinco millones de euros, según ha explicado a este periódico el encargado de sus cuentas, Jiménez Barriocanal. En los acuerdos del 79 que instauraron la financiación pública de la Iglesia a través de las aportaciones del IRPF esta se comprometió a autofinanciarse. El texto decía que la Iglesia “declara su propósito para lograr por sí misma los recursos suficientes para atender sus necesidades”. Cuando lograra ese propósito, añade la norma vigente, “ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera”.

En su memoria, la Conferencia Episcopal presume de ahorrar al Estado hasta 5.534 millones de euros, entre el gasto de su actividad pastoral y el coste de la enseñanza católica concertada. Su actividad caritativa ha aumentado en un 5,6% respecto a 2011, hasta un total de 4.929.361 beneficiarios a través de la organización Cáritas. La memoria revela también que las “actividades pastorales” han caído en España. Se celebran menos bautizos (268.810 frente a 292.143) comuniones (245.427 frente a 250.916), bodas (62.847 frente a 67.313) y exequias (341.548 frente a 386.017). Gil Tamayo atribuye el descenso a las dificultades económicas de los jóvenes para casarse, al descenso de la natalidad y a la vuelta de muchos inmigrantes latinoamericanos, de fuertes creencias religiosas, a sus países de origen. Los datos, ha concluido, solo “expresan la realidad española”.