Para la corona y para España

Poco a poco se van colocando piezas del puzle sobre los motivos del Rey para abdicar, y para hacerlo en el momento que lo hizo. Explica que su decisión se basó en buscar lo mejor "para la Corona y para España". No tiene por qué existir contradicción entre una y otra finalidad, pero el orden de presentación no es irrelevante. Es claro que don Juan Carlos tenía perfecto derecho a decidir su renuncia al trono y a situarla en el tiempo; otra cosa es que su puesta en práctica tuviera una dimensión únicamente personal o dinástica. El artículo 64 de la Constitución señala que los actos del Rey han de ser refrendados por el presidente del Gobierno, y que la responsabilidad de los mismos recae sobre el segundo. Algo lógico en una Monarquía parlamentaria, y que nos lleva a pensar que Rajoy hubiese debido participar en el proceso para su materialización, y no solo ser informado de la decisión puntual, para luego deprisa y corriendo hacerla viable.

En su mensaje, el Rey garantizó que la sucesión tendría lugar "según las previsiones constitucionales". Solo que estas no existían, ya que el artículo 57.5 de la Constitución remite a una ley orgánica ahora en gestación urgente y para salir del paso. Tenemos así a un exRey en funciones y a un nuevo rey que aún no lo es, sometido a las presiones de una opinión pública donde el prestigio de la institución declina, hablándose más de un referéndum institucional que de las perspectivas abiertas por el nuevo reinado. Eso sí, ya se da por sentado que el exRey mantendrá el título de Rey, e incluso que, cosa poco aconsejable, residirá donde reside, al lado del heredero. Conclusión: el presidente del Gobierno debió conseguir que la ley orgánica precediera a la abdicación.

Respecto al calendario, deberían haber contado algo más que las futuras elecciones y la voluntad regia de imparcialidad. Estamos ante el proceso secesionista de Cataluña, anticonstitucional y antidemocrático en su gestión por Mas, si se quiere, pero donde se juegan al mismo tiempo el futuro de la Constitución, de la Monarquía y de la propia España. Ante semejante crisis, la auctoritas de Juan Carlos resultaba inevitablemente superior a la de Felipe, incluso para avalar in extremis una negociación a tres —Gobierno, PSOE (mayoría parlamentaria), Mas— sobre una reforma constitucional que evitase la "desconexión" traumática en curso. También para señalar ante la opinión quién rompía la baraja. De otro modo, una vez negado el referéndum/pseudoconsulta, frente a una movilización independentista al estilo Crimea solo queda la aplicación de previsiones constitucionales de fuerza, indeseables e imposibles, incluso por carencia de recursos en el Estado. Demasiado temporal para un nuevo piloto.