Dos razones a favor

Entre las reformas de la Constitución planteadas por el expresidente Rodríguez Zapatero durante su investidura, en 2004, figuraba la supresión de la preferencia del varón a la mujer en la sucesión en el trono contemplada en el artículo 57.1. El Consejo de Estado, presidido entonces por el catedrático Francisco Rubio Llorente, emitió un informa favorable a la reforma, con algunas precisiones.

El Gobierno socialista, sin embargo, no emprendió los trámites para iniciarla. Una razón fue la dificultad de lograr un consenso comparable al que avaló el texto constitucional en 1978. Pero otra razón fue que la de la sucesión requería el procedimiento reforzado, muy complejo, lo que no ocurría con las otras reformas (Senado, derecho europeo, nombres de las comunidades). Se planteó por ello la posibilidad de separar la cuestión dinástica del resto de las propuestas, pero se objetó que ello podría convertir la votación en un plebiscito sobre la Corona, lo que se consideró inoportuno en ese momento.

El artículo 57.5 de la Carta Magna establece que las “abdicaciones y renuncias y cualquier duda (...) en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una Ley orgánica”. Ahora hay más razones que entonces, comenzando por la cuestión catalana, para una reforma parcial de la Constitución; y es posible que las modificaciones necesarias para cubrir el vacío sobre la sucesión (en forma de abdicación en vida del monarca) sirvan de ocasión y acicate para plantearla. La segunda razón es que precisamente porque atravesamos una crisis institucional de calado, conviene reforzar el prestigio de la jefatura del Estado. Las encuestas revelan un deterioro considerable de esa institución, pero también una fuerte adhesión a la idea de una sucesión en vida del Rey en favor del Príncipe de Asturias.

Don Felipe cuenta con una opinión favorable superior a la que suscita su padre en una proporción de 70%-30%. Por ello es justamente la gravedad del actual momento político lo que aconseja adelantar la sucesión de forma que la Corona así renovada pueda desempeñar con eficacia su función de “arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones”. Y porque además, es conveniente que la regeneración institucional que demanda la opinión pública comience por la cúpula.