La férrea neutralidad de un rey

La primera reacción del rey don Juan Carlos cuando la Comisión Constitucional aprobó el artículo 2 de la nueva Constitución española fue exclamar: “¡Me acaban de legalizar¡”. Don Juan Carlos fue consciente desde el primer momento de que la institución monárquica no podía tener otro arraigo en España que la propia Constitución, una ley democrática, sometida a referéndum, y siempre ha ajustado su comportamiento a ese principio. Don Juan Carlos basó su éxito, y el de la institución, en su capacidad para mantener alejada la Corona de cualquier tipo de contienda partidista y escrupulosamente ligada al texto de 1978. Una férrea neutralidad política, impuesta por el Rey a sí mismo, al Príncipe de Asturias y a los restantes miembros de la Familia Real, de los que nunca se ha conocido la menor opinión al respecto y que, a veces, no ha sido suficientemente valorada.

Don Juan Carlos habrá sido hasta el final un jefe del Estado preocupado por las instituciones. Su decisión de abdicar, anunciada hoy, responde plenamente a esa conciencia, a la convicción de la que las instituciones se salvan cuando son sus protagonistas quienes asumen los errores. Cuando no se consiente que los ciudadanos tengan la terrible impresión de que nada tiene consecuencias políticas. Han pasado cosas. Y en el caso de la monarquía, tienen consecuencias. Es una gran noticia y una novedad en un país donde otras instituciones, desde los partidos políticos hasta el propio Gobierno, actúan como si no existiera relación entre una cosa y otra.

La popularidad de la monarquía, excesivamente centrada en la persona del propio don Juan Carlos, ha sufrido daños, fundamentalmente debido a la implicación de la infanta Cristina y de su marido en el escándalo Noos. También, aunque en menor medida, por la falta de reflejos en notar que la percepción pública de la ejemplaridad, que durante décadas se vinculó solo a la actuación política, había pasado también a exigirse en el ámbito de la vida privada. Todo ello, unido al evidente declive físico del Rey, abrió, por primera vez, el debate sobre la manera en la que se ejercía la Jefatura del Estado y sobre la eficiencia de quien ocupaba el cargo.

Una vez tomada la decisión de abdicar en el príncipe de Asturias, la mayor dificultad estribaba en encontrar el momento más adecuado para iniciar el proceso de sucesión. El calendario, cuajado de aquí a 2016 de citas electorales, no dejaba muchas opciones: o actuar con rapidez o esperar a después de los comicios generales de 2015, con un nuevo Parlamento sobre cuya composición caben muchas especulaciones. La prudencia debió imponer la rapidez. No parece tampoco que ninguno de los problemas que aquejan a la sociedad española pueda tener solución a corto plazo, así que ningún escenario próximo es mejor que el actual para ceder al príncipe Felipe la representación del Estado.

Han pasado casi 40 años desde el día en el que don Juan Carlos asumió la Corona y 38 desde que fue “legalizado” como Jefe del Estado. Una gran etapa democrática que cambio la vida de los españoles y una etapa en la que el Rey necesitó una gran inteligencia política. Una inteligencia que no se le dio nunca por supuesta y que, sin embargo, demostró fehacientemente, hasta el mismo día en el que anunció su abdicación.