Justicia aplaza la ley del Registro Civil al no encontrar quien asuma la gestión

La incapacidad del Ministerio de Justicia de sacar adelante su Ley de Registros —que anunció hace año y medio y sigue parada— está a punto de dar lugar a un embrollo legislativo. Esa ley debía entrar en vigor antes del 22 de julio de este año, para dar cumplimiento a un mandato del Congreso de 2011. Pero ni está lista ni se la espera: el ministerio no logra ponerse de acuerdo con ningún cuerpo de funcionarios para que asuma —gratis— el trabajo de gestión de los registros civiles que ahora realizan jueces y funcionarios judiciales. A dos meses de que venza el plazo, Justicia estudia la posibilidad de cubrir el vacío legal declarando una prórroga in extremis, a través de una enmienda en el Senado a alguna otra norma que no tendrá nada que ver con la materia. Y seguir negociando para encontrar una salida al bloqueo.

El Registro Civil —donde los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, nacionalidad, cambios de apellidos y otros asuntos, hasta un total de 1,4 millones de trámites al año— está adscrito desde el siglo XIX a la administración de justicia. Al frente de cada oficina del registro hay un juez (o un juez de paz, estos no profesionales), y unos 4.800 funcionarios judiciales se ocupan de esas labores en toda España, compatibilizándolas con la judicial.

En julio de 2011, todos los grupos políticos, a propuesta del PSOE, se pusieron de acuerdo para aprobar una ley que ordenaba delegar ese trabajo puramente administrativo en “funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado”, para que los jueces pudieran concentrarse en lo esencial: juzgar. La ley no especificaba en qué cuerpo de “funcionarios públicos” se delegaría; previendo que la transición sería compleja, el Congreso estableció una vacatio legis: un plazo de entrada en vigor, de tres años. El traspaso de los registros debía estar en funcionamiento, por tanto, el 22 de julio de 2014. Dentro de dos meses.

Pero el Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, no ha logrado llegar a un acuerdo con ningún cuerpo de funcionarios para ejecutar el traspaso. Lo intentó con los registradores de la propiedad —lo que provocó una intensa polémica porque algunos sindicatos y asociaciones judiciales vieron ahí un paso hacia la privatización—, pero finalmente ha desistido. Por eso en este momento es imposible que la ley de 2011 entre en vigor pero, a la vez, se cumple el plazo establecido en la norma. Se produciría así a partir del 22 de julio una extraña situación, con una ley inaplicable aunque formalmente en funcionamiento. Los jueces seguirían al frente de las oficinas del Registro sin tener jurídicamente competencia para ello.

Uno o dos años de prórroga

Fuentes del ministerio garantizan que, aunque eso ocurra, los trámites que los ciudadanos realizan en el registro a diario —algunos obligatorios, como la inscripción de nacimientos y defunciones— seguirán realizándose. Pero admiten que hay que evitar llegar a esa situación de limbo jurídico. Para lograrlo, Justicia barajó varias posibilidades, incluida la de prorrogar por decreto ley la entrada en vigor de la ley de 2011. Finalmente la solución encontrada, según fuentes del Gobierno, es incluir una enmienda en alguna ley que se encuentre ahora en tramitación en el Senado, para aplazar la entrada en vigor el tiempo preciso de aprobar otra y poner en marcha el traspaso; es decir, probablemente uno o dos años más.

Una opción que el PSOE considera pésima desde el punto de vista de la técnica legislativa, porque supone congelar una ley que tuvo un trámite largo, con informes, debates y acuerdo unánime, a través de una enmienda de trámite veloz que previsiblemente apoyará el PP en solitario. A eso replican así fuentes de Justicia: “Es cierto que la ley tuvo apoyo unánime pero también lo es que dejaba sin cerrar el aspecto más espinoso del asunto: qué cuerpo de funcionarios se haría cargo de Registro. Por eso se fijó un plazo de tres años: porque no es nada fácil”.

Y en tres años no se ha conseguido. El ministerio anunció primero que delegaría el Registro Civil en los registradores de la propiedad, a pesar de que su función a priori no tiene nada que ver. Alegó que los registradores son un tipo especial de “funcionario público” (dependen del Gobierno y acceden por oposición, aunque no cobran una nómina sino aranceles a sus clientes), y rechazó las acusaciones de privatización asegurando que todos los trámites seguirían siendo gratuitos. Eso bloqueó la negociación con el Colegio de Registradores, negociación que finalmente se rompió hace dos meses. Gallardón anunció entonces que no renunciaba a desjudicializar el Registro Civil (entre otras cosas, porque la ley de 2011 le obliga), y que la solución pasaría por delegarlo en "funcionarios de distintos cuerpos". Aún no se sabe cuáles serán, ni cuándo.