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Aumenta el miedo a denunciar las agresiones policiales en España

La coordinadora contra la tortura registró 252 casos en 2013, un 12,5% menos que en 2012

La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) ha presentado su informe anual sobre las denuncias por malos tratos contra funcionarios de prisiones y personal de centros de menores. En 2013 se registraron un total de 252 casos, que afectaron a 527 personas, lo que supone una disminución del 12,5% respecto a los 288 casos y 851 víctimas de 2012. El miedo de las personas agredidas a recibir represalias, la desconfianza en los tribunales de justicia e instituciones o la agudización de la crisis económica son algunas de las consecuencias por las que las víctimas no se atreven a llevar sus casos a los tribunales, según Jorge del Cura, portavoz estatal de la coordinadora.

El informe no recoge todas las denuncias de torturas recibidas por la CPDT porque varias fueron excluidas por petición expresa de las personas afectadas o falta de los datos requeridos para ser contrastados.

El pasado 26 de diciembre Francisco Javier Moreno, de 36 años, fue víctima de tortura en un centro de retención de Alcobendas (Madrid). “Aunque sé que había varios policías, solo vi a uno, que fue el que me golpeó. Empezó a pegarme puñetazos en el ojo —de hecho tengo pruebas de todo— y a darme rodillazos en las costillas. Me insultó: hijo de puta, te voy a matar, de aquí no vas a salir vivo, sé dónde vives, voy a ir a por ti”, explica Moreno por teléfono, que presuntamente recibió tal golpiza de manos de un agente. El policía agresor era, según palabras de Moreno, el novio de una de las mujeres a las que este intentó robarle el bolso en la calle Marqués (Alcobendas) el pasado 25 de diciembre.

Moreno ha interpuesto una denuncia contra el Cuerpo Nacional de Policía ante el Juzgado número 4 de Alcobendas. “Mientras me golpeaba, me decía: ‘A ver si tienes cojones ahora de sacarme el cuchillo a mí’. Y yo le pregunté: ‘Pero ¿qué cuchillo?’, si yo ni siquiera le enseñé el cuchillo a su novia”.

Del Cura ha advertido de que “la capacidad de las organizaciones sociales para atender los casos de tortura es limitada. Desde la CPDT se ha tenido que optar por respaldar a aquellas personas que tengan más posibilidades de obtener mejores resultados en los tribunales. Ahora buscamos la eficacia en los resultados, que ha disminuido considerablemente. La realidad es que la mayoría de las personas prefieren recurrir a las multas”. La publicación de testimonios ya conocidos como el de Ester Quintana, que perdió un ojo en la huelga general del 14-N en Barcelona, ayudan a que otras víctimas se animen a publicar sus historias de dolor y tortura.

La capacidad de las organizaciones sociales para atender los casos de tortura es limitada.

Para Moreno, denunciar es pedir justicia. “Yo sé que he cometido un delito y ya lo he pagado, lo que no veo normal es ese abuso de autoridad que han hecho ellos contra mí, porque yo ahora mismo estoy en tratamiento psiquiátrico debido a ello. Estoy con depresión. Estoy tomando un montón de medicación y, sinceramente, me han hundido la vida. Verme impotente en un calabozo cuando han podido hacer conmigo lo que les ha dado la gana”. Tras ser puesto a disposición judicial, Moreno ingresó en prisión, donde permaneció hasta el pasdo 15 de abril, y luego quedó en libertad provisional. Debido a los golpes perdió la audición en el oído izquierdo y una disminución de la visión en el ojo derecho, según un análisis médico realizado un día después de su liberación por el personal sanitario del Hospital Infanta Sofía de Alcobendas.

La mayoría de los denunciantes que han acudido a pedir ayuda a alguna de las 50 organizaciones de derechos inscritas a la coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura han participado en movilizaciones sociales —ecologistas, okupas, sindicales—. La coordinadora, en su informe, ha registrado además la muerte de 47 personas que estaban bajo custodia, la mayoría de ellas (29) en las cárceles. El informe detalla los precendentes de varios de estos fallecimientos. Uno de estos se produjo el 24 de diciembre de 2013 en el centro penitenciario de Albocásser (Castelló). "Un hombre apareció ahorcado en la celda ocupada por la prisión de Albocásser. Esta persona estaba acogida al programa de prevensión de suicidios desde su ingreso a prisión, a finales del mes de mayo, pero su siquiatra que lo atendía autorizó la retirada de ese protocolo mes y medio antes de la muerte", según reza en el documento. Informe que también reclama la rapidez, eficacia en todas y cada una de las detenciones.

El informe de la CPDT, el décimo que presenta, muestra que la mayoría de las denuncias provienen de la Comunidad de Madrid con 164, seguida de Cataluña (83), Andalucía (76) y País Vasco (43). Respecto a la cifra de denuncias por cada 100.000 habitantes, la ciudad de Melilla es la primera en la lista con 368,46, seguida de Ceuta (35,43) y Madrid (25,67).