Hacienda culpa a Urdangarin del “engaño” para defraudar

La Agencia Tributaria (AEAT) no deja ninguna duda, en el informe que ha remitido al juez del caso Nóos, de que "fue el señor Urdangarin quien actuó con engaño" para urdir un sistema encaminado a evadir impuestos, y no las empresas que le pagaron sus servicios a través de su sociedad Aizóon. El documento, conocido ayer, ratifica que el esposo de la infanta Cristina es autor de dos supuestos delitos fiscales por impago del IRPF de una cantidad que asciende a 337.138 euros.

La agencia dependiente del Ministerio de Hacienda recalca la existencia de un doble engaño en la actuación del yerno del Rey: por una parte ordenando a las empresas que le pagaban que facturasen "utilizando un concepto distinto, que no estaba sometido a retención", camuflando sus servicios como asesor. En segundo lugar, señala que utilizó para ello a una empresa pantalla, "una sociedad estrictamente instrumental, sin entidad real, Aizóon", cuyo capital comparte con su esposa, la infanta Cristina. El documento, firmado por dos inspectores de la AEAT, recalca la supuesta responsabilidad del exjugador del Barça de balonmano como el autor que "ideó" un “puro artificio defraudatorio” para evitar pagar el IRPF que le correspondía por sus trabajos de asesor y consejero privado de empresas.

En el sumario se acumulan testimonios que acreditarían las irregularidades del yerno del Rey como la persona que ideó la mecánica. "Nos hallamos ante un artificio defraudatorio ideado con toda probabilidad por el perceptor, que las empresas pagadoras se limitaban a asumir, pero que de ninguna forma les es imputable. Piénsese que son empresas completamente independientes entre sí, y que desde luego no están dominadas por el señor Urdangarin". También recuerdan los inspectores que el duque tributaba el impuesto de la renta sólo por su sueldo de consejero en la compañía Telefónica Internacional. En su defensa, el exdeportista argumentó ante el juez que fueron las sociedades para las que trabajaba las que olvidaron hacer las retenciones correspondientes.

Urdangarin llegó a percibir 810.000 euros en 2007 solo por sus funciones de asesor. Hacienda sostiene que en ese ejercicio el importe defraudado ascendería a 182.005 euros, mientras que en el año 2008 la cuota no ingresada fue de 155.138 euros. Las empresas aludidas son ocho: Altadis, Pernod Ricard, Mixta África, Lagardère Ressources, Havas Sports, Seeliger y Conde, Motorpress y Aceros Bergara. Por las inspecciones fiscales a Urdangarin —antes de su imputación por fraude— estas firmas fueron sometidas a inspecciones y tuvieron que presentar declaraciones complementarias de impuestos.

El extenso escrito entregado al juzgado de José Castro desde la AEAT de Cataluña —donde vivía y tributaba el esposo de la infanta Cristina— remacha las anteriores tesis recogidas en informes escritos y orales. Las acusaciones se concretaron en la querella contra el yerno del Rey de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, con las bases aportadas por Hacienda.

Preguntado ayer por la mañana por este documento, el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, negó las acusaciones y admitió que ignoraba el contenido del documento porque todavía no había sido notificado, informa Europa Press. El abogado tachó de “estrafalario” todo el proceso y lamentó que cada día tenga "su aventura".

Entre lo que rodea al caso hay otro episodio que la Fiscalía Anticorrupción ha tildado de "estrafalario": la denuncia de un empresario catalán que asegura haber sido destinatario en 2007, por error, de una transferencia de Telefónica de 12 millones de euros en un banco de Ucrania. Ese traspaso, según unas cartas del empresario, estaría pensado para que Urdangarin saldase cuentas con la justicia. El juez Castro, que había convocado a declarar a tres responsables de Telefónica, ha frenado la citación, pero interrogará al empresario implicado.

En las próximas semanas Castro despejará la incógnita central del proceso: si mantiene a la infanta Cristina como imputada en su escrito de cierre de la causa o, por el contrario, la exime de responsabilidad penal por supuesta corrupción. El último escrito de Hacienda no cambia el perfil de las cosas en la causa.