El Supremo verá una causa contra el ex ‘número dos’ del PP andaluz
Una magistrada aprecia indicios de delito en la gestión del alcalde de Tomares, José Luis Sanz
![Javier Martín-Arroyo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fbe822ad5-55c4-471f-a6de-f8ffe65744e8.png?auth=11b4c18a3c700fde6547c09f2549e6d80e1874bb354890d63a358496e8f9c883&width=100&height=100&smart=true)
![El secretario general del PP-A, José Luis Sanz, en una foto de archivo.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/RYEVZJ4JUDGC7D7VWARV4CV2ZE.jpg?auth=753efeba64d5993383780bebbec6430f71333adaeb061d1b19c64289b25163b5&width=414)
La titular del Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, Reyes de Flores, considera que existen indicios de delito contra el ex secretario general del PP andaluz, senador y alcalde de Tomares (Sevilla), José Luis Sanz, por lo que se ha inhibido de la causa que instruye y la ha remitido al Tribunal Supremo para que este decida si procede su imputación. “Existirían indicios que pudieran determinar la imputación del propio alcalde”, avanza la instructora en su auto del pasado 30 de abril, en el que apunta los posibles delitos de malversación y prevaricación.
Sanz estuvo a punto de ser nombrado presidente del PP andaluz en el congreso regional del pasado marzo, pero después de 19 meses como número dos y contar con el respaldo del anterior presidente Juan Ignacio Zoido y la secretaria general María Dolores de Cospedal, irrumpió en escena el elegido finalmente por Mariano Rajoy, Juan Manuel Moreno Bonilla. Esta elección frustró su planes de dirigir el PP andaluz.
El auto desgrana con numerosos indicios la contratación supuestamente irregular entre 2007 y 2011 de una persona, Juan Campos, para la elaboración de informes por unos 2.000 euros al mes. Desde 2011, Campos es concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Tomares. El total abonado a Campos ascendió a 52.454 euros, pese a que el contrato firmado establecía que iba a percibir 24.525 euros. “No existe documento de aprobación del gasto entre octubre de 2007 y mayo de 2008”, destaca la juez.
La policía investigó el asunto y las diligencias “ponen claramente de manifiesto que han sido elaborados en el año 2013 con el fin de intentar justificar el cobro de las facturas”, subraya la magistrada, basándose en los análisis de la Policía Científica, que certifica que los informes fueron borrados de un ordenador el pasado noviembre. La instructora destaca que “no se esclarece qué tareas realizaba cada mes para sustentar las facturas” el edil imputado.
Además de la elaboración de los informes, Campos fue contratado en el Ayuntamiento sevillano entre 2010 y 2011 por una empresa que había contratado el Consistorio. Ninguno de los técnicos municipales ni la empresa ha concretado ante la juez las funciones del concejal.
Junto a Campos ya están imputados en la causa Eloy Carmona, concejal y portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, y las concejales Pilar Domínguez y Mercedes Fuentes. Los ediles imputados anunciaron que apelarán ante la Audiencia de Sevilla, mientras que el PSOE de Tomares pidió la dimisión de José Luis Sanz.
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