La vocal del CGPJ Pilar Sepúlveda pide en su informe retirar la ley del aborto

La vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Pilar Sepúlveda ha presentado este martes oficialmente su informe sobre el anteproyecto sobre la ley del aborto que promueve el Gobierno. La conclusión de Sepúlveda es que el Gobierno debe retirar el anteproyecto. No ha presentado aún su informe la otra vocal, la conservadora Carmen Llombart, que fue nombrada junto a Sepúlveda para redactar el informe preliminar. La intención del Consejo es que ambas elaboraran un informe conjunto para su posterior debate entre todos los consejeros, pero finalmente irán dos informes al pleno porque las posturas sobre este asunto de la dos ponentes (Sepúlveda y Llombart) son opuestas.

Sepúlveda pide la retirada porque se trata de una norma que, señala, "criminaliza" a la mujer; "representa un regreso a la situación de inseguridad jurídica y prácticas extralegales, o paralegales, que generó la legislación de 1985" sobre el aborto. Y es un texto que, concluye, “nos aleja de los países de nuestro entorno, ya que anula el control por las mujeres de su vida reproductiva, impidiendo las posibilidades de participar en la economía y vida social de la nación a un nivel igual que los hombres".

Para la mujer, el embarazo y la maternidad, señala Sepúlveda, “son hechos que afectan profundamente a sus vidas en todos los sentidos” y la proyectada normativa “nos sitúa en el ámbito de las regulaciones más restrictivas, anacrónicas y retrógradas en la materia". Y además “contempla un régimen aún más restrictivo, en el que incluso afirma la supresión de un supuesto, el la indicación eugenésica, que se da cuando el feto presenta riesgo de graves anomalías o bien una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico, cuya constitucionalidad fue expresamente avalada” por el intérprete de la Carta Magna.

Sepúlveda entiende que también impone “un modelo moral a costa de los derechos ajenos, en el que la libertad de la mujer embarazada (…) decae de forma evidente ante la protección del bien jurídico que representa el concebido”. Sepulveda señala que el “nuevo art. 4 bis .3.c) [del antepropyecto ] debiera acompañarse, pero no se hace, de una actuación prestacional por parte de los poderes públicos, que sea coherente con su función de protección y garantía de la vida humana y con la finalidad sedicente del Anteproyecto de reducir el número de abortos, mediante la educación, formación e información, en materia de salud sexual y reproductiva”.