La Moncloa no dirá nada del dinero negro del PP hasta que haya sentencia

El Gobierno guardará silencio hasta hasta que se conozcan los hechos probados

Sáenz de Santamaría y Ana Mato, este viernes en La Moncloa.
Sáenz de Santamaría y Ana Mato, este viernes en La Moncloa.Juan Carlos Hidalgo (EFE)

El caso Gürtel sigue deparando muchos disgustos al PP y al Gobierno. Cada noticia que aparece consolida la mala imagen que tienen los ciudadanos de ambos y explica que la corrupción se haya instalado en el segundo puesto de sus preocupaciones, según el CIS, solo superada por el paro. Sin embargo, tanto el Gobierno como el PP, desde el pleno de agosto de 2013, han adoptado la estrategia de no decir una sola palabra, se publique lo que se publique.

El PP no ha querido ni siquiera desmentir que, como da por constatado un auto del juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, basado en varios informes policiales, haya utilizado dinero negro durante años para pagar entre otras cosas parte de las obras de su sede. “Yo no sé nada de eso”, se limitó a decir el martes Carlos Floriano, número tres del partido.

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Este viernes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se refugió en la misma estrategia. Y dio un pasito más allá. Se le preguntó qué le podía decir a los millones de ciudadanos que están estos días en plena campaña de la renta y ven que un juez de la Audiencia Nacional da por hecho que el PP, el partido que apoya al Gobierno y al que pertenece el ministro de Hacienda, usó durante años dinero negro. La vicepresidenta no solo se refugió como siempre en el respeto a los tribunales, dijo además que el Gobierno no se pronunciará sobre el dinero negro hasta que haya una sentencia, para la que pueden quedar años.

“Yo tengo que respetar los procesos judiciales y lo que estos declaren o no probado al final del proceso. No puedo pronunciarme más que en ese respeto a lo que el tribunal declare como hechos probados en una sentencia”, aseguró.

Críticas del fiscal

La vicepresidenta también contestó a las duras críticas del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, sobre el tratamiento de los delitos de corrupción en España. El fiscal, un cargo designado por el Gobierno, denunció que se ha encontrado con una legislación insuficiente, y una precariedad de medios materiales y humanos para luchar contra la corrupción, y llegó a decir que “las causas más complejas llegan precocinadas por la policía y Hacienda”, dependientes del Ejecutivo.

Sáenz de Santamaría no entró al fondo del asunto, pero aseguró que es el Gobierno el que ha querido una ronda de comparecencias en el Congreso de expertos como Torres-Dulce para mejorar la lucha contra la corrupción. “Bienvenida sea la reflexión” del fiscal general, dijo.

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