Jesús Posada a la juez de los ERE: “Parece que no es el procedimiento”

El presidente del Congreso, Jesús Posada, se ha visto obligado por segunda vez —la primera fue en diciembre— a dirigirse a la juez del caso ERE, Mercedes Alaya, para recordarle que no tiene competencias sobre personas aforadas, como son los diputados Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía, y José Antonio Viera. Lo mismo hizo el presidente del Senado, Pío García Escudero, respecto a la carta recibida para conocer la condición de senador del también expresidente andaluz José Antonio Griñán.

La magistrada hizo llegar el día anterior, a través de la Guardia Civil, sendas cartas a los dos presidentes, en las que previsiblemente preguntaba por la condición de parlamentarios de todos los anteriores. “Parece obvio que este no es el procedimiento, la juez ha utilizado un canal erróneo”, señaló Posada, que informó a los miembros de la Mesa del Congreso de que había devuelto las cartas “sin abrir” a la magistrada.

¿No sabe Alaya que no puede dirigirse directamente al Parlamento por asuntos relacionados con sus miembros, ya que están bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo? Esta es la pregunta que se hicieron parlamentarios de distintos grupos políticos para mostrar su incredulidad respecto a que no lo sepa. Aunque la juez sí ve cauce jurídico para hacerlo, los servicios jurídicos de las Cámaras no tienen la menor duda de que no lo puede hacer.

Mientras, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, aplaudió la actuación de Posada y pidió a la juez que “recupere cuanto antes los cauces democráticos, los cauces del Estado de derecho”. Alaya ya tuvo un roce con el Parlamento andaluz después de que señalara en un auto a los diputados de la Comisión de Hacienda, lo que motivó una queja de esta institución ante el Consejo General del Poder Judicial.

Por otra parte, la Guardia Civil destaca que Viera concedió ayudas por 32 millones al grupo Matadero Sierra Morena, para el que trabajó su hija Sonia Viera. Los investigadores acusan al diputado socialista de tener “relaciones e intereses, de ámbito personal quizás también por afinidades políticas” para concentrar el 61% de las subvenciones directas a empresas en la Sierra Norte de Sevilla, una pequeña comarca de 30.000 habitantes.

Los empresarios del grupo y exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago recibieron finalmente pagos por 15 millones, pero destinados a 18 empresas que “carecían de contenido, no tenían actividad comercial ni trabajadores dados de alta”. En este último atestado, los agentes señalan a tres dirigentes históricos del PSOE andaluz, políticos de la Consejería de Empleo y empresarios, así hasta alcanzar una veintena de personas.