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El PP acusa al juez Pedraz de actuar con “sesgo ideológico” en el ‘caso Couso’

El 'número tres' del PP recuerda al juez de la Audiencia que está obligado a aplicar la ley

Baltasar Garzón anima a los jueces a "rebelarse" contra la reforma de la justicia universal

El exmagistrado sugiere que podría tener reproche penal y el PP cree que no tiene "ninguna base"

Preguntado ayer al respecto, eludió pronunciarse sobre la decisión del juez Santiago Pedraz de mantener el caso Couso tras la reforma de la justicia universal. "Respetamos las decisiones judiciales, cualquiera que sea el sentido de las mismas, como no puede ser de otra manera", señaló Carlos Floriano, recurriendo al mantra oficial de la formación, en rueda de prensa en la sede nacional del PP. Pero este martes el número tres del partido mayoritario ha cambiado radicalmente de postura. El vicesecretario de Organización y Electoral ha cargado contra la actuación del magistrado de la Audiencia Nacional y, en una entrevista en la Cope, ha afirmado que tiene "sesgo ideológico" y le parece "fuera de lugar", puesto que "los jueces están obligados a aplicar la ley", en este caso dictada por un procedimiento ultrarrápido del Congreso de los Diputados.

No lo ve así Baltasar Garzón, quien ha animado a los jueces a "rebelarse" contra el carpetazo de la justicia universal. Para el exjuez de la Audiencia Nacional, quien ha participado en un seminario organizado por el Grupo de la Izquierda Plural en la Cámara baja, "Pedraz ha hecho lo correcto" y, en su opinión, los magistrados tienen la obligación de "no acatar las leyes inconstitucionales". "Esto es lo que ha hecho el juez Pedraz y es lo que tienen que hacer los demás hasta que no se resuelvan estas cuestiones que están pendientes sobre una ley exorbitante y claramente contraria a los tratados internacionales ratificados por España", ha manifestado. Pero Garzón ha ido más allá al considerar que los responsables de esta reforma podrían enfrentarse a un reproche penal. "Me llama la atención sobremanera", ha dicho, "que los diputados y senadores [del PP] que han aprobado la ley no se hayan dado cuenta de esto, lo cual evidencia que se busca la excepcionalidad o ser una ley ad hoc'". No obstante, en opinión de Alfonso Alonso, esta reflexión es "pintoresca"  y "no tiene ninguna base". El portavoz parlamentario de los populares ha recordado además que fue Garzón quien tuvo un reproche, en referencia a la condena que le expulsó de la carrera judicial.

Floriano ha aprovechado, en cambio, para criticar el "perfil ideológico" de la judicatura. "Dependiendo de dónde caiga un asunto", ha insistido, una causa se puede resolver en un sentido o en otro en función del "perfil ideológico del juez". Y, en relación con la postura de Pedraz, ha opinado que existen "determinadas posiciones que son difícilmente explicables y, sobre todo, dudosas cuando, en otros casos, el comportamiento es distinto porque este asunto tiene un determinado sesgo y, en otros asuntos, que tienen otro sesgo, me comporto de otra manera distinta". Y ha destacado: "Eso no es culpa de los políticos, eso es culpa de quien lo hace, como es culpa de los que toman decisiones siempre en la misma dirección, no porque lo diga la ley, sino porque el asunto tiene determinado sesgo ideológico". Hace dos años fue otro dirigente del PP, el diputado Rafael Hernando, quien arremetió contra el juez que decidió no aplicar el carpetazo de la justicia universal al llamarle "pijo ácrata" por defender las "opiniones subjetivas" de quienes se manifiestan ante el Parlamento.

"Sin pretender decirle al juez lo que tiene que hacer, lo que no se puede es decir yo no aplico la ley, porque los jueces están obligados a aplicar la ley", ha recalcado Floriano, quien ha agregado: "Haríamos un gran favor si los jueces se dedicasen a aplicar la ley y nosotros a legislar".

En pleno caso Bárcenas, en marzo de 2013, el responsable de Organización de los populares cargó sin medias tintas contra la Audiencia Nacional y denunció la “pugna” entre los jueces Pablo Ruz y Javier Gómez Bermúdez. Floriano calificó el conflicto de competencias entre los dos jueces de “situación esperpéntica” y circunstancia “poco edificante” de la que “solo puede salir beneficiado el presunto delincuente [el extesorero] y que genera la desconfianza de la opinión pública en el sistema judicial”.